El Ministerio de Energía le ha pedido al Tribunal Supremo una prórroga de dos meses para promulgar la nueva normativa para las plantas de tratamiento de purines, una vez que el plazo original, de cuatro meses, vence mañana sin que una propuesta haya iniciado el proceso de información pública.
No es la primera sentencia relativa al sector eléctrico que el Ministerio tarda en cumplir; van unos cuatro meses de retraso sobre la que le obliga a revisar los ingresos de las grandes empresas por el margen de comercialización de la tarifa eléctrica, el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC).
Las dos sentencias, más la regularización de los pagos a las renovables para el próximo trienio, presionan al alza el precio de la luz y condicionan la elaboración de la Orden de peajes del año que viene.
Todas las plantas cerradas
En 2014 la reforma eléctrica redujo un 40% los 300 millones de euros en ayudas que cobraban las 29 plantas de tratamiento de purines -deyecciones de cerdo muy contaminantes a gran escala- y todas cerraron, sin excepción.
La patronal sectorial, la Asociación para el Desimpacto Ambiental de los Purines (Adap), recurrió, y el Supremo le dio la razón, con una sentencia que obligaba al Gobierno a promulgar antes de cuatro meses una nueva regulación que otorgue a las centrales la retribución suficiente para operar y evitar el impacto ambiental.
Aunque la sentencia tenía fecha del 20 de junio, el plazo máximo comenzó a contar desde su publicación en el BOE, y vence mañana.
En este tiempo, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) ha estado trabajando en la materia, pero no le ha dado tiempo a terminar. Su último movimiento, a finales de septiembre, fue remitir a los propietarios de las centrales un requerimiento de información.
Un grave problema ambiental
Los purines, ricos en nitratos, se usan como fertilizante, pero en concentraciones excesivas contaminan los suelos y los acuíferos: en Cataluña hay pueblos en los que no se puede beber el agua del grifo porque es nociva para la salud.
España produce unos 56 millones de metros cúbicos de purines al año, de los que más de siete millones se consideran excedentes y residuos. Para evitar el impacto ambiental que ocasiona su vertido, la regulación eléctrica, desde 1998, otorga ayudas económicas a ciertas plantas de cogeneración, conocidas como plantas de purines, que se encargan de tratarlos y secarlos.
Al calor de dichas ayudas, empresas como Sener, Ros Roca, Guascor, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Abengoa, EDP o EDF, desarrollaron las plantas, que prestaban servicio a 2.000 explotaciones porcinas, tratando 2,5 millones de metros cúbicos de purines cada año.
Con la expectativa de una nueva regulación, hace unos meses reabrió una planta de Audax, pero se da por sentado que no volverán a operar todas las que están cerradas; hay varias en liquidación, más de una se ha desmantelado y, en cualquier caso, después de tres años cerradas necesitan cuantiosas inversiones para ponerse a punto.
