Los exdiputados del PP Vicente Martínez Pujalte y Ana Torme han sido citados por la titular del juzgado de instrucción 49 de Madrid, Josefa Bustos, en calidad de investigados, el próximo 23 de noviembre, a raíz de la causa sobre el cobro de trabajos presuntamente inexistentes a través de la firma Sirga XXI Asesores, de la que eran socios.
El caso, que procede de los Juzgados de Valladolid, se abrió después de que Torme denunciara ante la Fiscalía un entramado empresarial presuntamente dirigido por Pujalte y el Ministerio Público presentara una denuncia en su contra por delitos de falsedad y cohecho.
En su denuncia, Torme aseguraba que tras desvincularse de la compañía advirtió irregularidades, como el hecho de que muchas empresas que facturaban a Sirga estuvieran vinculadas al PP y que algunos de sus administradores estuvieran sometidos a escándalos de corrupción o fueran familiares de estos.
Según Torme, Pujalte le propuso asociarse para poner en marcha una empresa de asesoramiento, en principio para gestionar los derechos de autor de "un grupo de músicos amigos suyos", al los que llegó incluso a presentar. La empresa Sirga XXI se constituyó el 22 de octubre de 2008, si bien la idea inicial no llegó a desarrollarse por motivos que Torme aseguraba desconocer. El Juzgado también ha citado a otras personas relacionadas con la causa. El 14 de diciembre tendrán que comparecer el exasesor de José María Aznar, Jaime Miguel Marín, el exdiputado Alejandro Ballesteros y una tercera persona, María del Mar Benito.
Más citaciones
Pujalte facturó entre los ejercicios 2009 y 2013 un importe de 624.679 euros a través de Sirga XXI y abonó en concepto de Impuesto de Sociedades únicamente 6.819 euros. Nada más crear la sociedad, el exdiputado firmó un contrato con Collosa, una constructora especializada en obra pública que se habría visto beneficiada por el desarrollo de parques eólicos en Castilla y León. Martínez Pujalte habría sustituido en los trabajos de asesoría al exministro de Defensa Federico Trillo, que facturó en tres años 354.560 euros a la misma empresa a través de Estudio Jurídico Labor.
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