El impuesto que la Generalitat de Cataluña está aplicando desde el año 2000 a las grandes superficies amenaza ahora a 2.673 supermercados y más de 90.000 tiendas de barrio. Es el número de establecimientos que tendrán que pagar 17 euros por metro cuadrado, con efectos retroactivos desde su entrada en vigor hace 16 años, si el Ejecutivo autonómico mantiene su desafío a Bruselas y no elimina la tasa.
En Cataluña, según las cifras oficiales de la Generalitat hay actualmente 53 hipermercados de más de 2.500 metros cuadrados y 9 grandes almacenes, que son los que están sujetos en este momento al pago del impuesto. Es una tasa que la Comisión Europea ha tachado ya de ayuda de Estado de la que se benefician los supermercados y el comercio tradicional, enviando en este sentido varios requerimientos para su retirada.
A la espera del dictamen definitivo por parte de la dirección general de Competencia de la Comisión Europea, la amenaza es de tal calibre, que el pasado martes durante la asamblea anual de Anged, la patronal de las grandes empresas de distribución, el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, no dudo en advertir una vez más a la Generalitat. "Es importante que desaparezca esa figura injustificada como es el impuestos a las grandes superficies. Lo he dicho en público en muchas ocasiones. Es una amenaza muy grave sobre el pequeño comercio, algo en lo que a veces se pierde la perspectiva", aseguró García Legaz.
El secretario de Estado insistió, en que "hemos venido trabajando con mucha intensidad para convencer a las comunidades autónomas de que hagan desaparecer esos impuestos y lo hemos conseguido en la mayoría de ellas y han sido derogados". "Lo que le pedimos a la Generalitat es que lo retire para no perjudicar a miles de comercios", aseguró.
García Legaz aseguró que Cataluña es la única comunidad autónoma que mantiene un impuesto similar después de que el resto lo haya retirado ya. Es lo que han hecho Canarias, Navarra y La Rioja, a la espera de que Asturias y Aragón también lo anulen. Todo ello después de que a comienzos de este año el director general adjunto de Ayudas Estatales de la Comisión Europea, Gert-Jan Koopman, remitiera una carta a al Gobierno español en la que pedía que se suprimieran o modificaran los impuestos de este tipo aplicados en ese momento por varias comunidades autónomas para evitar que pudieran ser considerados ayudas de Estado al pequeño comercio, tal y como todo apunta que va a ocurrir ahora.
Freno a los grandes
De momento, el hecho es que en España la mayor presión fiscal a las grandes superficies y las trabas burocráticas que éstas tienen que soportar para la apertura de nuevos centros ha frenado su desarrollo. Así, según los estudios de Anged, con datos de la consultora AC Nielsen, durante los años que ha durado la crisis económica, entre 2008 y 2015 se han abierto tan sólo en España 11 hipermercados frente a un total de 2.395 supermercados.
En conjunto, hay así ya en todo el territorio nacional 452 grandes superficies, un 1% más que hace siete años y 19.102 súper, un 14,3% más. El problema de fondo es que la mayor presión sobre los grandes, que ha beneficiado a las cadenas de supermercados, no ha permitido frenar la sangría entre los más pequeños. Y es que entre 2008 y 2015 han desaparecido 825 tiendas de menos de cien metros cuadrados y 2.815 comercios tradicionales.
Desde Anged se viene defendiendo en este sentido desde hace años una reforma de la legislación. El presidente de la organización, Alfonso Merry del Val, asegura en este sentido que "necesitamos una regulación acorde a nuestro tiempo, que no imponga barreras innecesarias a la inversión, que no se afane en discriminar unas propuestas comerciales sobre otras y que sea capaz de facilitar la creación de nuevos negocios y empleos".
Para Merry del Val, lo que los asociados de la organización necesitan -compañías como El Corte Inglés, Carrefour, Eroski, Leroy Merlin, Media Markt, Ikea o Fnac- "es libertad de empresa, un derecho reconocido por nuestra Constitución pero que a base de sumar regulaciones y fragmentar nuestro mercado se ha ido deteriorando.
La patronal de la gran distribución destaca, asimismo, que durante el periodo de crisis y pese a las trabas sufridas, sus empresas han invertido la importante cifra de 13.500 millones de euros.
