Apenas restan nueve días para que el próximo 1 de octubre entre en vigor la decisión del juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid que obligará al Ministerio de Fomento a asumir la gestión de las autopistas las autopistas R-3 Madrid-Arganda del Rey y R-5 Madrid-Navalcarnero y de la AP-7 Circunvalación de Alicante.
Sólo una disposición del juez evitará el traspaso de la concesión, que abre un mar de dudas ante la ausencia de precedentes en España. La Abogacía del Estado ha pedido al juez un aplazamiento arguyendo la complejidad del proceso ante la falta de Gobierno en firme, tal y como avanzó este diario la semana pasada. La Defensa Pública ha solicitado que se extienda el plazo para que se haga efectiva la sentencia hasta el 1 de julio de 2017, de acuerdo con fuentes próximas a las negociaciones.
"Si el juez resuelve que deben quedar en manos del Estado, lo acataremos y haremos todo lo posible para formar parte de una solución equilibrada que garantice el servicio de las vías y los puestos de trabajo, y sea coherente sobre lo que los jueces decidan", aseguró el lunes el ministro de Fomento en funciones, Rafael Catalá. Es decir, en los planes del Gobierno ni se plantea el cierre de las autopistas, desenlace que se precipitaría si el Ejecutivo no se hiciera cargo de las infraestructuras.
En este sentido, el Ministerio y la administración concursal de las vías trabajan a marchas forzadas para determinar una medida que garantice la continuidad del servicio de las autopistas. Serían las primeras autopistas que pasarían a manos de Seittsa, que en los últimos meses se ha estado preparando en las cuestiones relacionadas con la gestión jurídica y financiera. Ahora bien, en paralelo, los esfuerzos de la Abogacía del Estado se centran en conseguir que el juez se pronuncie antes del próximo 1 de octubre y, en el entorno del gobierno y de las concesionarias, confían en que otorgue el aplazamiento requerido.
A la espera de los recursos
Un tiempo de descuento en el que debería al fin formarse gobierno. Esto permitiría abrir nuevas vías de negociación para tratar de evitar que Fomento deba asumir la operación de las autopistas. Un objetivo, en todo caso, que no resultará sencillo, toda vez que tanto el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero como el de Mariano Rajoy han intentado sin éxito alcanzar un acuerdo con las concesionarias y la banca acreedora durante los últimos seis años.
Tanto la Abogacía del Estado como las concesionarias afectadas, Accesos de Madrid (R-3, R-5 y M-50) y Ciralsa (Circunvalación de Alicante), presentaron sendos recursos contra la decisión del juez de mayo pasado ante la Audiencia Provincial de Madrid, que aún no ha anunciado su resolución. El problema es que, frente a lo ocurrido con las sentencias previas que ordenaban la liquidación de la M-12 Eje Aeropuerto y de la AP-36 Ocaña-La Roda, en este caso el magistrado dictó el auto "sin efectos suspensivos".
Si el juez finalmente concede un aplazamiento, las concesionarias seguirían gestionando las vías hasta su vencimiento -la petición se extiende hasta junio de 2017-.
