El debate en torno a los límites de la economía colaborativa gana fuerza en Barcelona, pero sin solucionarse el vacío legal en el que se encuentra y que ahora mismo iguala a particulares y a empresas.
Si el lunes el Consistorio anunciaba que pretendía multar a otras nueve plataformas, tras sancionar a Homeaway y Airbnb; el martes Airbnb daba pistas sobre el negocio que le genera la Ciudad Condal.
Concretamente, la plataforma anunciaba que hasta 2,2 millones de viajeros reservaron algún alojamiento a través de ella en el periodo junio-agosto, de los que, de acuerdo con la prensa catalana, alrededor de 500.000 se alojaron en Barcelona. Teniendo en cuenta que, según explica Airbnb en su web, cobra una comisión comprendida entre el 6 y el 12 por ciento del precio de la reserva, si el medio millón de visitantes de Barcelona hubieran pagado 30 euros por alojarse, ella hubiera ingresado por comisiones entre 900.000 euros y 1,8 millones.
Esta cifra, no obstante, podría ser significativamente superior ya que, según datos del Idescat, el gasto medio por turista y día en Cataluña asciende a 151 euros. Estos hipotéticos ingresos, además, ayudarían a compensar las multas del Ayuntamiento de Barcelona. Por ahora, ha anunciado una de 30.000 euros, pero se reserva la posibilidad de cargar otra de 600.000 euros si la plataforma no colabora con ellos, facilitándole datos de los anfitriones.
Airbnb explicó a elEconomista que recurrirá la sanción impuesta, después de que Crónica Global publicará que el portal de intermediación se resistía a entregar los datos de sus usuarios al Ayuntamiento de Barcelona.
La compañía declinó realizar declaraciones concretamente sobre ello y señaló que ?apuesta por las conversaciones con todas las autoridades y está en contacto constante con ellas?.
Asimismo, insistió en que Europa recomienda crear una marco regulatorio favorable para las plataformas colaborativas.
