Aragón ha promulgado un Decreto-ley que protege durante diez años los proyectos eólicos de Gamesa, Enerfín (Elecnor), Molinos de Ebro (Grupo Samca) y otras empresas, hasta sumar 1.138 MW, como compensación por los perjuicios generados con el discrecional concurso celebrado en 2010, que acumula 35 sentencias condenatorias.
Las Cortes de Aragón acaban de validar el Decreto-ley 2/2016, publicado por el Gobierno autonómico el pasado 30 de agosto, que soluciona el embrollo creado por el concurso de 1.200 MW organizado por el anterior Gobierno en 2010: sus criterios otorgaban puntuación de un modo discrecional por medio de un epígrafe denominado "interés especial", y muchos de los participantes, como FCC, lo recurrieron. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha llegado a dictar 35 sentencias condenatorias.
El resultado del follón fue que la energía eólica se paralizó en la Comunidad Autónoma -ha sumado poco más de 80 MW desde entonces-, bloqueando cuantiosas inversiones, que el Gobierno local cifra en unos 2.000 millones de euros. No pocos de los promotores llegaron a abandonar sus proyectos.
Pues bien, la norma recién aprobada quita validez a la puntuación otorgada en el concurso gracias al "interés especial" y, aplicando únicamente la puntuación de los criterios técnicos, clasifica de nuevo las instalaciones eólicas que participaron en la subasta, estableciendo dos escalones de prioridad:
El primero incluye las plantas que hubieran ganado la puja si no hubiera habido discrecionalidad. Suman 1.138 MW y, durante 10 años, gozarán de protección frente a otros proyectos eólicos, es decir, en los terrenos que prevean ocupar no podrán instalarse otros parques, aunque éstos sí tengan los derechos de acceso y conexión a la red y aquellos no.
En el segundo escalón quedan todos los demás parques eólicos vinculados al concurso, que también tendrán protegido el emplazamiento contra otros proyectos -excepto del primer escalón de prioridad-, pero sólo durante dos años.
Estos plazos de blindaje se justifican por la duración de los trámites necesarios para obtener los permisos y construir las plantas; pueden ser cortos para los del segundo nivel de prioridad.
Cambio de compromisos
El concurso también contemplaba "compromisos adicionales y voluntarios" por parte de los promotores -otras inversiones-, que ahora podrán sustituirse, siempre que el Gobierno local lo apruebe.
Este cambio puede reducir el monto del dinero que tengan que dedicar los promotores para materializar sus proyectos, facilitando que se ejecuten. El Gobierno autonómico, consultado por elEconomista, cree que, por el contrario, las inversiones aumentarán.
Se desbloquean 2.000 millones
El Gobierno de Aragón calcula que la nueva norma desbloquea inversiones por 2.000 millones. Es cierto, porque antes era imposible que se materializaran, pero en el entorno actual, aunque ya no haya impedimentos jurídicos, es muy difícil que lo hagan, al menos a corto plazo: los precios del mercado eléctrico no bastan para rentabilizar las plantas eólicas y los promotores con los proyectos ahora protegidos deben ganar alguna de las futuras subastas de ayudas para que los números cuadren.
En la subasta de enero ganaron Forestalia y el Grupo Jorge, con licencias en Aragón por 300 MW y 102 MW eólicos respectivamente, pero se pujó tan a la baja que perdieron las ayudas.
