
Las negociaciones que mantienen Repsol y La Caixa para dar entrada al fondo de infraestructuras GIP en el accionariado de Gas Natural Fenosa contemplan ciertos acuerdos sobre asuntos importantes en la gestión de la gasista, señaló una fuente con conocimiento de la situación.
"Se están buscando puntos en común respecto a ciertas reglas de gobierno corporativo como la necesidad de mayorías reforzadas para determinados acuerdos", indicó la fuente, como los relativos a la estrategia y la dirección de Gas Natural.
El desembarco de GIP, que negocia con Repsol y La Caixa la compra de un 20% de Gas Natural Fenosa, supondría la disolución del pacto parasocial que tenían desde principios de siglo los dos accionistas históricos de la empresa, dijo la fuente. Añadió que GIP tendría tres asientos en el consejo de administración de Gas Natural Fenosa de 17 miembros, una representación acorde con su peso en el accionariado.
Repsol y La Caixa, que actualmente copan ocho de los asientos del consejo (cuatro cada entidad), no hicieron comentarios.
Venta de un 10% cada uno
A principios de este mes trascendió que Repsol y La Caixa llevan semanas tratando la venta a GIP de sendos paquetes del 10% de Gas Natural, acciones con un valor de mercado de unos 3.800 millones de euros. "Las negociaciones marchan favorablemente y es plausible que se alcance un acuerdo este mes", indicó la fuente.
La desinversión parcial en Gas Natural Fenosa tendría efectos beneficiosos tanto para Repsol como para La Caixa. Reduciría la deuda de la petrolera, aliviando la presión de las agencias de rating, y mejoraría los ajustados niveles de solvencia del grupo bancario.
Al mismo tiempo, quedando sus participaciones respectivas en el 24 y el 20%, conservarían la supervisión de Gas Natural Fenosa, aunque compartiéndola con su nuevo socio GIP con nuevas normas corporativas que eviten tener que lanzar una opa sobre el conjunto de la gasista.
Repsol y Caixa pueden controlar Gas Natural con un 44% en conjunto porque su pacto de accionistas es anterior a la actual ley de opa, que obliga a ofertar por el 100% de una empresa cotizada si se demuestra un control efectivo sobre más del 30%.