El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado a la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) a indemnizar con 47.425.000 euros a OHL por los mayores costes de las expropiaciones incurridos en la carretera M-45 (tramo N-V a N-IV).
El tribunal reconoce, por tanto, el derecho de OHL a obtener el reequilibrio económico y financiero de la concesión como consecuencia del mayor coste de las expropiaciones y determina que la cantidad fijada deberá incrementarse adicionalmente en un 8,31 % anual hasta que se produzca dicho reestablecimiento a fin de mantener la rentabilidad del proyecto.
En este sentido, y de acuerdo con la sentencia a la que ha tenido acceso Efe, el juez dictamina que dicho reequilibrio podrá realizarse mediante la forma que se acuerde entre las partes de entre las previstas en los pliegos.
La defensa de OHL solicitaba este reequilibrio mediante una compensación económica en metálico, una opción que, según la Administración madrileña, es la más gravosa. Entre las opciones de reequilibrio se encuentra extender el plazo de la concesión, incrementar las tarifas o abonarlo en metálico.
Concesión
Fuentes del sector señalan que extender la concesión no sería posible ya que no hay más plazo adicional sin que se supere el límite máximo que establece la legalidad y que tampoco cabe la vía de las tarifas ya que se trata de un peaje en sombra.
Entre las cantidades que reclamaba OHL se encuentran distintas partidas por costes de expropiaciones por 20,3 millones; 4,7 millones; 3,8 millones y 123.496 euros.
El TSJM señala en su escrito la "abundantísima" prueba documental presentada por OHL así como la prueba pericial realizada por los peritos de KPMG en la que resulta acreditaba la mayor inversión en expropiaciones realizada por la recurrente sobre la inicialmente prevista (5,5 millones de euros) y sobre la reconocida y compensada por la Administración en 2002 (20,8 millones).
Así, sostiene que el concesionario ha afrontado el pago de 75,9 millones con motivo de las expropiaciones desde su inicio hasta 2011, de las que deducida la cantidad de 26,4 millones que fue tenida en consideración en 2002, conlleva un pago de 49,4 millones.
Contra esta sentencia cabe recurso de casación. Una opción que ya había utilizado sin prosperar el gobierno regional con otras concesionarias, con las que podría estar negociando la forma de pago de dichas indemnizaciones.
