
El gasto público en recetas en la primera mitad del año supera ya las previsiones presupuestarias del presente ejercicio y las comunidades autónomas están ya presionando para que el Gobierno apruebe nuevas medidas que frenen la tendencia alcista del gasto. Una decisión que sólo se podrá adoptar cuando se constituya el nuevo Gobierno. Hasta entonces, las regiones se tendrán que contentar con el ahorro anual de 126 millones de euros que tendrá la Orden de Precios de Referencia a partir de octubre y que no será suficiente para ajustar el gasto al presupuesto previsto en Farmacia este año.
En los primeros siete meses del año, la partida de medicamentos dispensados en la farmacia sube a un ritmo del 3,68%, encadenando así tres ejercicios al alza. Sólo Canarias, Extremadura, Galicia, Navarra y el País Vasco ajustan el gasto interanual en recetas por debajo de lo presupuestado en 2016.
Lo preocupante de la tendencia es que el gasto se está acelerando muy por encima del crecimiento marcado por la economía y supera con creces las subidas del 1,9% y 1,8% registradas en los dos últimos años.
Aragón y la Comunidad Valenciana apuntan ya incrementos superiores del 6,6% en la primera mitad del año. Ni tan siquiera el fuerte aumento del presupuesto valenciano aprobado en esta área, con un alza del 21,5% respecto a las cuentas de 2015, permitirá al Gobierno de Ximo Puig cubrir un gasto en recetas que ya ronda los 1.165,8 millones de euros en mayo, cuando presupuestó 1.045 millones de euros en 2016.
'Indulto' a los pensionistas
Está por ver el impacto económico que tendrá el indulto del copago farmacéutico decretado por el tripartito valenciano a principio de año, como ya hiciera el País Vasco desde 2013, y que beneficia a más de 602.000 jubilados y personas con discapacidad cuyos ingresos no superan los 18.000 euros anuales.
La Consejería no ha reconocido todavía su efecto en el gasto. La Generalitat Valenciana ha presupuestado 41,6 millones para subvencionar las aportaciones farmacéuticas de estos dos colectivos, si bien más allá del coste de estas ayudas lo importante es su efecto sobre la demanda de medicamentos del colectivo de pensionista. Y es que este grupo de población representa el 18% de la población, pero realiza el 74,1% del gasto público en recetas, según datos del Consejo General de Colegios Oficiales Farmacéuticos.
El gasto en los primeros seis meses del año en otras regiones como Cantabria, Castilla-La Mancha, Murcia, Navarra o Madrid supera el 5%. El desfase entre lo presupuestado y lo gastado es más que evidente en el caso de Cataluña, con un desvío en su cuenta de Farmacia de 418,9 millones de euros sobre el presupuesto prorrogado del año anterior; Comunidad Valenciana, con 129,6 millones más de gasto; Murcia, 82,7 millones de euros; o Castilla y León (53,5 millones de euros).
El Ministerio de Hacienda ya avisó a principios de año que siete comunidades autónomas tendrían problemas de financiación en Sanidad a la vista de las cuentas proyectadas para este año 2016. Tanto es así que, Aragón, Baleares, Castilla y León, Galicia, Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana, podrían registrar "insuficiencias al final del ejercicio 2016", aseguraban ya en enero los técnicos de Hacienda.
La contribución del gasto en recetas dispensadas en farmacia sobre el total del gasto sanitario público consolidado oscila entre el 14% de Baleares y el 21,5% de Galicia. También sigue en el foco de Hacienda el gasto en fármacos de uso hospitalario. En mayo, esta partida crecía al 1,3% interanual, ritmo que se eleva al 6,9% si no se tienen en cuenta los nuevos medicamentos contra la hepatitis C. Además, las regiones adheridas al FLA deberán elaborar sus cuentas este año teniendo en cuenta el techo de gasto sanitario acordado con Hacienda.