El papel del inversor internacional sigue siendo primordial para el sector inmobiliario español, ya que las firmas extranjeras representan el 70% del desembolso realizado en este mercado hasta junio.
Concretamente, en España se invirtieron 3.500 millones de euros en patrimonio inmobiliario no residencial durante el primer semestre del año, de los que 2.140 millones fueron aportados por fondos extranjeros, según indican desde la gestora de patrimonio Laborde Marcet.
La firma considera que esta es una muy buena señal, sin embargo demanda más "claridad legislativa" para aumentar la cifra de inversión que se reparte entre oficinas, hoteles, instalaciones logísticas y el sector retail (centros comerciales, parques de medianas superficies, hipermercados y supermercados).
Su petición está relacionada con la caída del 30% en la inversión inmobiliaria no residencial que se ha registrado en este primer semestre. Así, destacan que "en un momento de aceleración global del mercado inmobiliario, el sector pide medidas a la Administración Pública para provocar mayor dinamismo a las inversiones".
La gestora propone cambios concretos. "Sería importante modificar la moratoria hotelera que afecta al mercado inmobiliario y pone en riesgo cerca de 10.000 puestos de trabajo vinculados a la construcción, mantenimiento y servicios de los establecimientos", reclama. Asimismo, Gerard Marcet, socio fundador de Laborde Marcet, considera que "la administración también debería agilizar el retraso en la inversión de proyectos clave y trámites urbanísticos".
Desde 2015 la Ley de Emprendedores fomenta la inversión permitiendo a los inversores extranjeros obtener un permiso de trabajo y residencia, ya sea comprando una propiedad inmobiliaria de más de medio millón de euros, obteniendo acciones o participaciones de compañías por valor de un millón de euros o adquiriendo más de dos millones de euros en deuda pública.
Pese al aumento de las inversiones extranjeras, los expertos reclaman mayor exactitud en la ley. "Sería positivo ofrecer más claridad legislativa en relación con los visados de inversión por adquisición de activos por más de 500.000 euros, puesto con la regulación actual no se deja claro si el visado de residencia concedido tendrá validez más allá de los 5 años desde la adquisición del activo", certifica Marcet.
