Madrid, 28 sep (EFECOM).- El Congreso de los Diputados aprobó hoy la ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, que finalmente no incluirá las enmiendas introducidas por el PP en el Senado en defensa de los autónomos.
El texto aprobado incorpora, no obstante, una enmienda que establece que serán las Comunidades Autónomas las que controlarán el registro de las empresas que pueden subcontratar.
En el debate sobre las enmiendas, el principal partido de la oposición defendió que el texto que viene de la Cámara Alta "no desvirtúa" la proposición de ley, "ni los acuerdos sociales" sino que la mejora.
A juicio de su portavoz, Andrés Ayala, "no se puede discriminar" al autónomo quitándole "espacio de trabajo" al fijar en la ley que no podrá subcontratar los trabajos a él encomendados, ni a otras empresas subcontratistas ni a otros trabajadores autónomos.
Según Ayala, es contradictorio que el autónomo puede ser promotor y contratista pero no subcontratista, y un "despropósito" que se quiera justificar la exclusión del autónomo, justo cuando el Gobierno está preparando el proyecto de Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo.
Otra enmienda del PP quería impedir el establecimiento de un porcentaje de contratos indefinidos con carácter obligatorio, porque entiende que "atenta contra la libertad de contratación".
En respuesta a Ayala, el portavoz del PSOE, Jesús Membrado, recordó al PP que su formación política "defiende el verdadero autónomo frente al intermediario", y señaló que "es lamentable" hablar de un 30 por ciento de contratos indefinidos cuando el sector ya contabiliza un 43 por ciento.
La ley de subcontratación prevé que las empresas cuya actividad consista en ser contratadas o subcontratadas habitualmente para la realización de trabajos en obras, deberán contar con un número de trabajadores con contrato indefinido de, al menos, el 10 por ciento durante el primer año de vigencia, porcentaje que se incrementará progresivamente hasta el 20 y el 30 por ciento en los años posteriores.
Por su parte, Angel Pérez, el portavoz de IU-ICV, señaló que el texto que viene de la Cámara Alta "elimina elementos fundamentales" del contenido original, por lo que su partido político defendió "el texto íntegro".
Recordó que los accidentes mortales en el sector de la construcción descendieron un 12,7 por ciento en el primer semestre del año, al registrarse 20 muertes menos, pero indicó que el número de los fallecidos todavía asciende a 139.
Tan sólo en 2005, un total de 308 trabajadores de la construcción fallecieron en accidente laboral, lo que supone un incremento del 17 por ciento respecto al año anterior.
El portavoz de CiU, Carles Campuzano i Canadés, apoyó, en gran medida, las enmiendas del PP en relación a los autónomos y los contratos indefinidos.
Campuzano afirmó que "eliminan el absurdo de la exigencia de los contratos fijos" y destacó que el texto original "pretende que sólo por cotizar en un determinado régimen de la Seguridad Social no se pueda subcontratar".
El objetivo de la ley, que entrará en vigor seis meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), es mejorar las condiciones de trabajo del sector de la construcción, en general, y las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores, en particular.
Así, la ley limitará la cadena de subcontratación a un solo nivel en casos de actividades de mano de obra intensiva y hasta tres para trabajos especializados.
La futura ley también exigirá que, en todas las obras, cada contratista disponga de un libro de subcontratación en el que figuren todas y cada una de las empresas que han intervenido o intervienen en las obras, así como el objeto de cada contrato, la identificación de la persona que ejerce las facultades de organización y dirección de cada subcontratista y sus planes concretos de seguridad.
Además, establece la creación de un Registro de Empresas Acreditadas en el que se incluirán las compañías que pueden operar en el sector al cumplir con una serie de requisitos mínimos exigibles. EFECOM
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