El Tribunal Supremo da cuatro meses al Gobierno para otorgar una nueva y superior retribución regulada a las 29 plantas de cogeneración dedicadas a tratar los purines -deyecciones de cerdo muy contaminantes-, que están cerradas por la insuficiencia de ingresos.
La sentencia, a la que ha tenido acceso elEconomista, es la primera que corrige las nuevas retribuciones asignadas a las renovables, la cogeneración y el tratamiento de residuos con la reforma eléctrica, que redujo sus ingresos en más de 2.000 millones de euros anuales.
El Tribunal admite un recurso de la Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental de los Purines (Adap), la patronal sectorial, contra las disposiciones de la Orden IET/1045/2014 que fijan los ingresos de estas instalaciones.
Unos 300 millones en tarifa
La orden redujo un 40 por ciento los 300 millones que recibían las plantas, provocando su cierre y un serio problema para las 2.000 explotaciones porcinas que les remitían 2,5 millones de metros cúbicos de deyecciones de cerdo, muy contaminantes: en Cataluña hay poblaciones en las que no se puede beber el agua porque es nociva para la salud.
El Supremo entiende que las centrales, aunque sean cogeneraciones, tienen menos posibilidades de obtener ingresos que este tipo de tecnologías -no pueden vender su calor útil porque lo dedican a secar el purín- y deben cobrar lo suficiente para funcionar y solucionar el problema ambiental. Por eso da cuatro meses al Gobierno para que les otorgue una nueva retribución que no ignore sus singularidades y refleje la realidad de sus costes.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) aplaude la sentencia y confía en que las plantas de tratamiento puedan reabrir para remitirles otra vez sus residuos. El sector porcino factura cerca de 6.000 millones anuales.
