La responsabilidad patrimonial asociada a las concesiones asciende a 3.344 millones de eurosGómez-Pomar asegura que el Ministerio gestionaría las vías para licitarlas en el futuro
El Ministerio de Fomento asumió ayer por primera vez que el Estado tendrá que compensar a las concesionarias propietarias de las autopistas de peaje de España en riesgo de quiebra, que en la actualidad atraviesan diferentes estados dentro del proceso concursal. El secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, señaló que ?lo previsible es que se vaya a liquidaciones en firme y de ahí a la resolución de los contratos?. A partir de ese momento, y en un plazo de tres meses, el Estado tendrá que desembolsar la Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública (RPA) que estimen los tribunales.
La RPA asociada -vía real decreto- a estas concesiones contempla que el Estado deberá pagar un máximo de 3.344 millones de euros por el rescate de las autopistas en concurso de acreedores. Fuentes gubernamentales precisan que a esta cifra, no obstante, habría que descontarle las amortizaciones y las expropiaciones. Sin embargo, desde la patronal Seopan insisten en elevar sustancialmente la cifra. No en vano, ayer, su presidente Julián Núñez, que compartía escenario con Gómez-Pomar, cifró en más de 5.000 millones el coste de compensar a las concesionarias. Importe que si se incluyen los intereses de demora se elevaría hasta los 8.000 millones.
El Gobierno de Mariano Rajoy, con la ministra de Fomento Ana Pastor a la cabeza, ha repetido en los últimos cuatro años y medio que la Administración no pagaría ni un euro por salvar las autopistas en riesgo de quiebra. Sin embargo, ayer el secretario de Estado abrió la puerta a esta vía, después de que todos los intentos por llegar a un acuerdo con las concesionarias, entre las que figuran las principales constructoras españolas, y las entidades financieras (nacionales y extranjeras), han sido en balde.
Los fondos compran tiempo
A su juicio, resulta ?difícil? revertir la situación, toda vez que los procesos concursales siguen su curso y ya se han dictado autos de liquidación. ?Ojalá hubiera un acuerdo a última hora, pero el transcurso del tiempo nos está abocando a ese escenario?, admitió Gómez-Pomar en su intervención en un foro de ABC.
Una vez resueltos los contratos, las autopistas ?pasarán a manos públicas? y serán gestionadas por una sociedad integrada en el Grupo Fomento dedicada a ?la gestión de obras?, para, transcurrido un periodo que no estableció, ?devolverlas al mercado? a través de la licitación de las concesiones. En todo caso, el futuro de estas autopistas corresponderá al próximo Gobierno.
El agujero se sustenta en las erráticas previsiones de tráfico y en los sobrecostes derivados de las mejoras solicitadas por las Administraciones, siempre según las constructoras, así como del precio de las expropiaciones, que de los 388 millones iniciales se pasó a 2.250.
La última propuesta que Fomento presentó, hace ya casi un año, a las concesionarias de las autopistas en quiebra ( M-12, AP-36, R-2 Madrid-Guadalajara, R-3 Madrid-Arganda del Rey, R-4 Madrid-Oc aña, R-5 Madrid-Navalcarnero, AP-41 Madrid-Toledo, AP-7 Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante) y las entidades financieras acreedoras pasaba por integrar las vías en una sociedad pública tras reestructurar la deuda, que supera los 3.700 millones de euros, con una quita del 50 por ciento y la titulización del saldo restante en un bono a 30 años.
Gómez-Pomar defendió que la propuesta del Gobierno se ha descubierto que ?a la luz del transcurso del tiempo era más que razonable?. Esta aseveración la justifica en que los bancos extranjeros han transmitido sus activos con quitas del 90 por ciento a fondos extranjeros, como TCI y Taconic. Para Seopan, estos fondos ?están comprando tiempo a cambio de un pleito?.
