Empresas y finanzas

Trinitario Casanova, condenado a un año de prisión por manipular acciones de Banco Popular

Trinitario Casanova y su abogado, en una imagen de 2009. | Elisa Senra

Un juzgado de Madrid ha condenado al empresario Trinitario Casanova a un año de prisión, al considerarlo culpable de un delito contra el mercado y los consumidores tras difundir falsos rumores de OPA en el Banco Popular para aumentar el precio de las acciones en 2008.

El fallo inhabilita al promotor murciano para intervenir en el mercado financiero durante el tiempo de la condena, aunque previsiblemente no entrará en prisión al tratarse de una pena inferior a dos años de cárcel.

En la sentencia, la magistrada del juzgado de lo Penal número 29 de Madrid, Beatriz Prestel, estima las alegaciones presentadas por la acusación particular del propio banco, así como las del Ministerio Fiscal que, en sus conclusiones, reprochó a Casanova no haber sido consciente del alcance de un delito que consiguió alterar la Bolsa durante junio de 2008.

En concreto, explicaba el fiscal en su escrito de acusación, el empresario llevó a cabo "artimañas informativas, administrativas y financieras" con el objetivo de detener la devaluación de las acciones del Popular en su propio beneficio.

Compra de más de 42 millones de acciones

Según se desprende de la investigación, Casanova suscribió, a través de una sociedad de la que era administrador único, un acuerdo con el holandés Fortis Bank para financiar la compra de más de 42 millones de acciones, haciéndose con un 3,5% de la entidad.

Ante la tendencia a la baja, el ahora condenado lanzó el rumor al diario Negocio de que un grupo de empresarios, entre ellos el magnate mexicano Carlos Slim, estudiaba lanzar una OPA sobre el banco, con una prima superior al 50%, lo que provocó un importante incremento de la cotización del Banco Popular.

Una versión que desmonta la del acusado, quien cargó contra el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, entonces representante legal de los supuestos accionistas y cuya declaración como testigo se considera núcleo de la denuncia contra Casanova.

Según la versión del empresario, fue el político gibraltareño quien contactó en nombre del grupo inversor mexicano Blueprime, supuestamente interesado en comprar sus acciones.

Perjuicio de 38 millones

Ahora el Tribunal estima que fue el propio promotor quien emitió de forma voluntaria tales informaciones que, según explicó la CNMV durante la vista oral, ocasionaron un perjuicio de 38 millones.

Sin embargo, la magistrada considera únicamente acreditado el daño causado entre los días 12 y 13 de junio (fechas en las que se publicaron dichas informaciones), constitutivo de delito al estar valorado en más de 300.000 euros.

Por el contrario, el procedimiento no ha podido demostrar el montante total afectado hasta final de mes, fecha en la que, según las acusaciones, el mercado queda libre de nuevo, razón por la que se desestima una supuesta continuidad en la conducta delictiva.

La sentencia, que puede ser recurrida por las partes, pone fin a un proceso iniciado hace ocho años y que en 2012 llegó a ser archivado durante su fase de instrucción en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla.

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