La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con un total de 128,8 millones de euros a ocho empresas fabricantes de absorbentes de incontinencia urinaria para adultos y a la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) por fijar desde al menos 1996 los precios de los absorbentes financiados por la Seguridad Social que se compran en las farmacias para los pacientes no hospitalizados, según informó el organismo.
Por primera vez, la CNMC sanciona a cuatro directivos de empresas y de la federación empresarial participantes en la conducta. La multinacional Procter and Gamble, uno de los fabricantes sancionados, desveló el cártel a la CNMC mediante el Programa de Clemencia y por eso el organismo le ha eximido ahora del pago de la multa.
La sanción es la segunda mayor multa impuesta por el organismo liderado por José María Marín Quemada tras la impuesta en julio de 2015 a un cártel de automoción por 171 millones de euros. En concreto, la CNMC considera que Arbora & Ausonia, (actualmente Procter & Gamble España), Laboratorios Indas, SCA Hygiene Products, Laboratorios Hartmann, Ontex ID, Barna Import Médica, Textil Planas Oliveras, y Algodones del Bages, con la colaboración de Fenin, llegaron a acuerdos y fijaron los precios de venta a los distribuidores mayoristas de este producto comercializado a través de las farmacias, desde, al menos, diciembre de 1996 hasta enero de 2014, con diferencias en la duración de la infracción en función de las empresas partícipes.
Según la CNMC, los fabricantes de pañales partícipes en la conducta habrían alcanzado acuerdos, a través del Grupo de Trabajo de Absorbentes (GTAIO) creado por Fenin, para fijar los precios de venta a los distribuidores mayoristas de este producto comercializado a través de las farmacias.
Además, las empresas participantes habrían utilizado una estrategia de interposición de recursos administrativos frente a las licitaciones públicas convocadas por las distintas autoridades sanitarias. Ya en 1991, el Servicio Nacional de Salud convocó a Fenin para solicitarle una reducción en el precio de estos productos, al calcular que tenían sobrevaloraciones de entre el 45% y el 51%.
Fenin negó haber participado en ningún cártel y anunció que recurrirá la sanción por su "absoluta disconformidad" con la decisión.
