La Comisión Europea acaba de finalizar la consulta abierta para reformar la directiva de energías renovables. Entre las respuestas recibidas figuran algunos de los principales operadores eléctricos y patronales sectoriales europeas.
En el caso español, Iberdrola considera que en algunos Estados miembros hay una desproporción en el reparto de los costes de las renovables que reduce la competitividad del sector eléctrico.
Por ese motivo, la eléctrica considera que se debe repartir el esfuerzo entre todos los sectores y lograr una señal de precio del CO2 fuerte basado en el principio de quién contamina paga, en una clara alusión a la petición de un céntimo verde para financiar las renovables.
Iberdrola, Enel y la patronal fotovoltaica además piden a la Comisión que proteja las inversiones en la UE de modo que si hay cambios regulatorios no afecten de manera retroactiva a los activos ya existentes. Los inversores, en opinión de la española, necesitan un instrumento tangible a nivel europeo para proteger sus legítimas expectativas.
Cambios retroactivos
Iberdrola indica que los cambios retroactivos en algunos países tendrán un impacto significativo. La eléctrica cree que la falta de concreción en las sanciones que se impondrán a los países que lo no logren los objetivos en 2020 añade incertidumbre a los inversores y también sobre el objetivo a 2030 a nivel europeo.
La eléctrica explica que las renovables son intensivas en inversión y con bajo coste de mantenimiento, por eso consideran que es necesario dar visibilidad a toda la vida útil de la instalación y crear un mecanismo de estabilización de los ingresos.
La compañía pide también que se regule el autoconsumo, eliminando acercamientos inapropiados que puedan impactar en otros consumidores y que no haga depender su viabilidad de la capacidad de vender la energía sobrante a la red.
La patronal fotovoltaica, Unef, pide un esquema claro para el autoconsumo en la próxima directiva que lo haga accesible a mucha gente sin penalizaciones.
La asociación, además, se queja de que el Gobierno español ha limitado el acceso de la fotovoltaica a los fondos Feder y pide un método para apoyar sistemas de cooperación entre municipios. Iberdrola y Unef coinciden en la bondad de un sistema de garantías de origen, pero piden una explicación clara para los usuarios.
