Las Cortes Valencianas sentaron ayer los pilares de la futura ley que regulará el servicio público de radio y televisión autonómicas, bautizado como Corporación Valenciana de Medios de Comunicación.
Un documento base de la proposición de ley que dedica una gran parte de su articulado a la definición de mecanismos de supervisión y control en todos los aspectos -desde la configuración de los órganos de dirección y la plantilla, a los contenidos y la gestión financiera-, con el objetivo de evitar caer en los errores que llevaron al cierre de su antecesora, RTVV, tras acumular pérdidas de más de 2.000 millones y una deuda superior a 1.300 millones.
Entre las medidas, están la elección del director en concurso público; la destitución de los 10 miembros del consejo rector si el déficit supera el 10% del presupuesto o si los ingresos propios son un 25% inferiores a lo previsto; la limitación del nivel de endeudamiento, al que sólo se podrá recurrir "para financiar inversiones en inmovilizado material e inmaterial y por desfases temporales de tesorería"; la creación de un fondo de reserva -para cubrir pérdidas-, o el proceso de transferencias por parte de la Generalitat, en caso necesario. Tendrá un interventor interno y se someterá a auditorías externas. Habrá un Consejo de Ciudadanía y otro de Informativos.
El texto deja en el aire un aspecto clave: la dimensión de la plantilla y qué parte procederá de la anterior RTVV -que, en el momento de su cierre, en noviembre de 2013, superaba los 1.600 trabajadores-. El texto establece que, en el proceso de selección, tendrán "especial consideración" los profesionales que hayan trabajado en RTVV y, especialmente, aquellos que "ya hubiesen superado pruebas selectivas".
Las discrepancias sobre la plantilla han impedido la unanimidad en el respaldo al texto, que se aprobó con los votos de PSPV, Compromís y Podemos, la abstención de Ciudadanos (C?s) y la oposición del PP. C?s cree que "si es una nueva empresa, todos tendrían que pasar un proceso de selección en el que la experiencia sea un mérito, pero el proceso planteado puede derivar en una avalancha de denuncias por parte de los extrabajadores y generar un nuevo agujero en el erario".
Plazo de seis meses
La ley se tramitará por el procedimiento de urgencia -con un plazo de seis meses-, con el objetivo de que la Corporación esté operativa este mismo año. Se espera que la ley se apruebe en junio o julio, para dar inicio a la selección de dirección, personal, contenidos y otros trámites para su puesta en marcha.
