Empresas y finanzas

Villar Mir asegura facturas usa Anticorrupción están justificadas

Madrid, 25 sep (EFECOM).- El presidente de la constructora OHL, Juan Miguel Villar Mir, ha mostrado hoy su "sorpresa" por la petición de dos años de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción por el presunto desvío de 1,45 millones de euros a través de unas facturas que, según él, están justificadas.

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos realizó facturas a la empresa Recol por valor de 1,4 millones de euros que, según indicó Villar Mir, fueron "emitidas y pagadas con sus correspondientes impuestos" en el año 2001 cuando el principal acusado por Anticorrupción en este caso era presidente nacional, por elección, del citado Colegio profesional.

"Las citadas facturas se refieren simplemente a servicios y productos, con aplicaciones informáticas y de Internet, necesarios para la gestión colegial, que el Colegio de Ingenieros de Caminos vendió a Recol a solicitud de esta entidad", añade el presidente de OHL en un comunicado remitido a EFE.

A su juicio, "los productos y servicios todos fueron efectivamente entregados y su precio fue considerado por ambas partes y por expertos independientes como precio de mercado en el momento de hacerse la transacción".

Además, "los importes de la transacción están debidamente recogidos y auditados en las contabilidades de las dos instituciones, Colegio y Recol, desde el año 2001".

Sin embargo, Anticorrupción ha pedido la apertura de juicio oral y una pena de dos años de cárcel para el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, y el consejero delegado de Recol Networks, Ignacio Ozcariz, por desviar presuntamente unos 1,5 millones de euros en facturas que "no han sido debidamente justificadas" y de las que se deriva un delito de administración desleal.

En su comunicado, Juan Miguel Villar Mir señala además que "no ha recibido jamás remuneración ni pago alguno de cualquier especie ni del Colegio de Ingenieros de Caminos ni de Recol"

Además, añade que "la transacción citada (en la que se basa la acusación de la Fiscalía) había sido negociada entre el Consejero Delegado de Recol y el Secretario General del Colegio profesional y aprobada por los Organos de Administración del Colegio (Junta de Gobierno y Consejo General)". EFECOM

dsp/prb

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