Endesa y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) llevan varios años enzarzados a cuenta de la energía reservada al Estado, una figura jurídica de 1921, que cobró fuerza durante los primeros gobiernos de Francisco Franco y que obliga a algunas centrales hidroeléctricas a entregar una parte de su producción, habitualmente un 25 por ciento, bien en especie, bien a precio de coste más un beneficio de 5 al 10 por ciento.
En el Ebro las eléctricas dejaron de servir la energía reservada tras la reforma eléctrica de 1997 -no así en el Duero-, pero el anterior presidente de la CHE, Xavier de Pedro, se la reclamó a las 16 presas que la incluyen en sus títulos concesionales, de Iberdrola, Hidro-Nitro (Grupo Villar Mir), Acciona y, sobre todo, Endesa. En enero de 2014 emitió una resolución en la que le exigía a esta última que se la entregase, so pena de perder la titularidad de sus 12 pantanos afectados por la figura.
Acciona y Endesa recurrieron la medida al Tribunal Superior de Justicia de Aragón. La primera está sirviendo la energía, pero la segunda no, porque en sus títulos concesionales no se indica el precio al que debe servirla, algo que sí figura en los títulos de Acciona. En cualquier caso, Endesa depositó un aval de 28 millones por las cantidades atrasadas.
Definir el monto de la energía reservada de los saltos de Endesa -hay dos muy importantes, Ribarroja y Mequinenza- es tarea del Consejo de Ministros, y le corresponde a Agricultura elevarle el asunto, pero la cartera dirigida por Isabel García Tejerina ha decidido esperar a que se pronuncie la Justicia antes de dar el paso. Como resultado, pasarán años antes de que se resuelvan los litigios.
La CHE estima el monto que debe recibir por la energía reservada entre 12 y 15 millones de euros al año, la gran mayoría de Endesa. Con el dinero recibido hasta ahora ha cubierto necesidades propias y ha financiado regadíos y alguna obra menor.
