La Comisión Europea ha decidido archivar un expediente contra España por no haber acabado a tiempo los planes hidrológicos correspondientes al período 2009-2015. El expediente ya tenía sentencia firme del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), pero no una sanción económica asociada.
La Planificación Hidrológica de los 28 estados miembros de la UE opera de un modo acompasado, con contenidos y plazos comunes, en períodos de seis años. Ahora mismo estamos en el llamado Segundo Ciclo, entre 2016 y 2021.
Pues bien, los Gobiernos de Rodríguez Zapatero no consiguieron aprobar ni uno solo de los planes correspondientes al llamado Primer Ciclo, de 2009 a 2015; únicamente se concluyó el Plan de las cuencas interiores de Cataluña -de competencia autonómica-, y fue anulado por la Justicia, tras una denuncia de Aragón.
Así, cuando Arias Cañete tomó posesión del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), en 2011 se encontró con que tenía que terminar la Planificación del Primer Ciclo y preparar toda la del Segundo, y en ello se ha volcado la Dirección General del Agua desde entonces.
El retraso no pasó inadvertido a la Comisión Europea, la cual nos abrió un procedimiento de infracción en 2010 que obtuvo sentencia condenatoria del TJUE el 4 de octubre de 2012, pero sin sanción económica, aunque se ha publicado que el fallo conllevaba una multa de seis millones de euros mensuales.
Pues bien, el pasado mes de diciembre se terminó el último de los planes del Primer Ciclo, de Lanzarote, y poco después, en enero, el Gobierno en funciones aprobó los planes de competencia estatal del Segundo Ciclo.
Todavía están pendientes de aprobar los planes del Segundo Ciclo de Cataluña -se prevén para el final de este primer trimestre- y los canarios, que no se sabe cuándo estarán.
En teoría, tenerlos todos aprobados antes del fin de 2015 condiciona percibir fondos comunitarios ligados al agua -unos 2.200 millones hasta 2021- y, aunque todavía está pendiente la valoración de la Comisión del nuevo retraso, el Magrama confía en que Bruselas reconozca el esfuerzo realizado y sea indulgente.
