Nueva macrooperación contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales en España. La Agencia Tributaria, en colaboración con la Policía Nacional, ha destapado el mayor escándalo en los últimos años en la industria alimentaria. Un total de 73 empresas cárnicas de toda la cadena de producción y comercio al por mayor en 15 comunidades autónomas, con presencia en Mercamadrid y Mercabarna, facturaban hasta el 94% de sus ingresos en dinero negro.
Según los primeros análisis llevados a cabo por la inspección fiscal, declaraban unos márgenes de explotación (beneficios sobre cifra de negocios) de apenas el 1% de media, muy por debajo por lo tanto de la media del sector. Y no sólo era eso. Se han comprobado incluso que había nueve empresas que declaraban pérdidas sistemáticas pese a la buena evolución de su negocio. La denominada ya como Operación Presunto (jamón en portugués) tiene su origen en la constante evaluación que lleva la Agencia Tributaria en relación con el comportamiento fiscal de los distintos sectores económicos.
En el caso concreto del sector cárnico, según explican fuentes de la Inspección, las sospechas saltaron porque "los precios de venta al público habitualmente llegan a cuadruplicar o quintuplicar los generados en origen, lo que implica beneficios muy relevantes para el negocio del sacrificio, despiece y procesamiento de la carne".
La obtención de tales beneficios por parte de los mayoristas, industriales y asentadores de carnes, no constituye, en sí mismos, actividad ilícita alguna. Sin embargo, la Inspección de Hacienda detectó que había sociedades en el sector, formado por cerca de 3.000 empresas, en qué esas diferencias de precios no tenían después el debido reflejo en los beneficios reconocidos en la declaración del Impuesto sobre Sociedades.
De acuerdo con las fuentes consultadas, "a esta primera constatación se unieron posteriormente, en una fase previa de investigación, otras evidencias, ya mucho más concretas, sobre la realidad de algunos empresarios del negocio de la carne: ingresos de grandes sumas en efectivo en las cuentas corrientes de sociedades y de los propios empresarios, posesión de bienes en el extranjero y altos niveles de vida no justificados con los ingresos regulares de los socios".
Estas circunstancias se vieron corroboradas por las inspecciones desarrolladas después en distintos puntos del país, que han puesto de manifiesto la existencia de ventas no declaradas, especialmente en el subsector del comercio cárnico al por mayor, donde se ha decidido, de hecho, concentrar el grupo de los registros en el marco de la operación. De hecho, del total de las empresas en las que se ha comprobado hasta ahora la existencia de ventas en negro, más de 40 eran distribuidores mayoristas.
La Agencia Tributaria explicó que ante la información y documentación disponible sobre el sector cárnico, y en el marco del Plan de Control Tributario, desde el Departamento de Inspección de la AEAT "se efectuaron los pertinentes análisis y cruces en relación con sociedades dedicadas a compraventa de ganado, sacrificio y despiece de ganado en general y comercio al por mayor de carnes, productos y derivados cárnicos elaborados, huevos, aves y caza".
El estudio incluyó un análisis de las declaraciones por el Impuesto de Sociedades de los márgenes brutos sobre ventas, márgenes netos, movimientos en efectivo (principlamente imposiciones efectuadas en las cuentas bancarias titularidad de las sociedades) y otros indicios de capacidad económica observados en los administradores, autorizados en cuenta o socios.
La Confederación de Organizaciones Empresariales del Sector Cárnico de España (Confecarne), que agrupa a la mayor parte del sector, emitió ayer un comunicado para pedir que no se criminalice a la industria. Según dice esta organización, "es impropio hablar de operación contra el sector cárnico", en referencia a la investigación de la Agencia Tributaria, porque afecta a 73 de un total de 3.000 empresas.
Confecarne insiste además en que este tratamiento "siembra dudas sobre el conjunto de sus empresas y perjudica seriamente la imagen de un sector que trabaja de forma responsable en cumplimiento de la legislación en todos los ámbitos de su actividad".
De hecho, asegura que "el sector es el primer interesado en que se detecte, investigue y corrija con eficacia cualquier posible actuación fraudulenta en la cadena de producción y comercialización de las carnes".
Por último, Confecarne rechaza "toda posible actuación irregular o no conforme a la normativa tributaria por parte de cualquier operador del sector, e insta a todos las empresas a cumplirla, ?como no puede ser de otra manera", a la vez que apoya la labor de Hacienda.
