La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impulsará a lo largo de este año la imputación personal de los ejecutivos que hayan intervenido en las empresas implicadas en delitos contra la competencia. Se trata de un instrumento previsto en la Ley de Defensa de la Competencia que ahora ganará protagonismo.
"Entendemos que es un asunto delicado, pero el Tribunal Supremo nos animó a utilizar este tipo de instrumentos y consideramos que su potencial disuasorio es importante", ha explicado Eduardo Prieto, director de Competencia de la CNMC.
Según Prieto, "la autoridad de Competencia había hecho uso escaso de esta herramienta de la ley y que permitirá que los directivos con tentaciones de incurrir en hechos delictivos puedan ser afectados de forma personal".
Asimismo, el árbitro de los mercados prohibirá la participación en las contrataciones con la administración pública a las empresas sancionadas por este tipo de infracciones, tal y como contempla la Ley de Contratos del Estado. Entre las prioridades para este año también se incluye el impulso del Programa de Clemencia, por el que las empresas que aporten elementos de prueba para la investigación y sanción de un cartel "puedan ser eximidas de la multa, o al menos beneficiarse de una reducción, a condición de que no hayan sido las instigadoras del mismo y pongan fin a su participación en la conducta prohibida", según el organismo regulador. Gracias a este mecanismo de detección de conductas colusorias se detectó el cártel de fabricantes de automóviles, lo que derivó en una multa de 131 millones de euros.
Junto a todo lo anterior, la CNMC también desarrollará un registro de lobbys, explícito y transparente para todas las empresas tengan intereses puedan inscribirse.
Récord de sanciones en 2015
En la presentación del balance de actuaciones del organismo regulador durante el año pasado, José María Marín Quemada, presidente de la CNMC, recordó el desmantelamientos de 14 cárteles en 2015 contra más de 250 empresas con multas de 506 millones de euros, el 90% del total de unas sanciones que el año pasado ascendieron a 549 millones de euros.
A grandes rasgos, los acuerdos ilícitos han consistido en la fijación de precios, reparto del mercado, intercambio de información comercialmente sensible y otros pactos de no competencia. El organismo público también destacó que la Dirección de Competencia realizó el año pasado 10 inspecciones en 35 empresas de distintos sectores y se notificaron 93 operaciones de concentración, un 10,7% más que las 84 de 2014.