El último foco de conflicto desatado en el seno del consorcio español que construye el tren de Alta Velocidad entre Medina y La Meca, en Arabia Saudí, tiene como protagonista a su consejero delegado, Santiago Ruiz. En la última reunión del consejo de administración, el directivo se llevó un severo rapapolvo por parte de la mayoría de empresas que integran el consorcio por "excederse en sus funciones" y "tomar decisiones sin consultarnos", denuncian fuentes internas.
El consorcio acordó que a partir de ahora el consejero delegado deberá ofrecer "una información mucho más exhaustiva" sobre todas las cuestiones que atañen al desarrollo del proyecto, el contrato de infraestructuras más grande jamás logrado en el mundo, por un importe de 6.736 millones de euros. Especialmente sensibles son las negociaciones con Arabia Saudí sobre los sobrecostes y calendario de las obras. Por ello, abundan las fuentes, "se le ha exigido que cuando negocie con el cliente, antes de tomar cualquier decisión, lo consensúe con todo el consorcio", que está integrado por las españolas Renfe, ADIF, Consultrans, Ineco, Indra, Imathia, Copasa, Talgo, Cobra, Inabensa, Dimetronic y OHL y las árabes Al Shoula y Al Rosan.
De esta forma, el consorcio ha limitado la libertad de maniobra de Ruiz, elegido como consejero delegado en diciembre de 2014 por sus buenas relaciones con las autoridades del país, gracias a su trayectoria como trabajador de FCC en la zona. OHL quiso ir aún más allá, ya que en la citada reunión revocó las competencias que en su día todos los miembros del proyecto le concedieron, como adelantó eldiario.es. Formalmente, el grupo de Juan Miguel Villar Mir no pidió su cese, aunque el distanciamiento es absoluto. Ninguna otra empresa le ha retirado los poderes por el momento, según las fuentes consultadas, pero "el descontento es generalizado".
El principal valedor de Ruiz procede del Gobierno español, que lidera el consorcio con la presencia de las empresas públicas Renfe, Adif e Ineco. Esto no significa que no haya malestar en estas compañías, pero desde el Ministerio de Fomento prevalece que un cambio en la dirección del proyecto "podría retrasar todos los plazos y abrir nuevos conflictos con el cliente". En el horizonte, cuando "ya se llega a la recta final de las obras", no se contempla el despido de Ruiz por parte de la mayor parte del consorcio.
Los integrantes del consorcio criticaron a Ruiz que haya tomado decisiones que individualmente les perjudicaban, que haya contratado informes sin consultarlo o que haya incurrido en gastos no aprobados. "El consejero delegado tiene cosas buenas y el cliente (Arabia) es muy complicado, pero le ha faltado mano izquierda", lamenta un alto ejecutivo de una de las firmas.
Precisamente, la cuestión económica es el principal punto de fricción. Los sobrecostes se cuentan por decenas de millones. No en vano, Ruiz propuso al consorcio aumentar la denominada bolsa de riesgos, que sirve para saldar los imprevistos dinerarios en el proyecto. El consejero delegando remitió diversas propuestas que contemplaban una aportación adicional de entre 40 y 200 millones de euros en función de diversas condiciones. El desembolso sería proporcional a la participación y el propio Ruiz tendría libertad para distribuir el dinero. El consorcio rechazó de pleno la iniciativa. De hecho, es justo ahora, cuando se vislumbra el final de la megaobra, cuando las empresas quieren tener un mayor control, ya que, como explican fuentes internas, "una vez entregado, será muy difícil que el cliente pague".