La Operación Frontino se cobró ayer una importante pieza política: Federico Ramos de Armas cesó como subsecretario del Ministerio de Presidencia después de que varios testigos le hayan señalado como implicado en la trama de corrupción alrededor de Acuamed que investiga la Audiencia Nacional. Antes de acceder al cargo que ahora ha abandonado, fue secretario de Estado de Medio Ambiente, puesto que otorga la presidencia de la entidad.
"Me presentó su dimisión esta mañana el subsecretario de la Presidencia -declaró la vicepresidenta del Gobierno durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros- para defender su honorabilidad y cumplimiento de la legalidad en el estricto cumplimiento de sus funciones como secretario de Estado de Medio Ambiente, que era su anterior cargo".
Según ha trascendido a los medios de comunicación, Ramos, que no está siendo investigado por el juez Eloy Velasco, participó en una reunión clave, en la que la Administración decidió asumir unos 40 millones de euros en sobrecostes planteados por FCC.
Enfocado al control del gasto
Cuando Ramos aterrizó en Agricultura en diciembre de 2011, a las órdenes de Miguel Arias Cañete, se encargó de aplicar la política de austeridad reclamada por la UE, con especial atención a la Dirección General del Agua, las sociedades estatales -Acuamed y Acuaes- y las confederaciones hidrográficas. Uno de los temas prioritarios fue, precisamente, el control de los sobrecostes de las obras hidráulicas.
Durante una comparecencia en el Congreso, en diciembre de 2013, explicó a sus señorías que nada más llegar al cargo evaluó 1.237 expedientes de contratación del período comprendido entre 2004 y 2012 -las dos legislaturas del PSOE- y que todos, absolutamente todos, registraron desviaciones entre lo presupuestado y lo abonado finalmente. La media de estos desvíos fue del 29,82 por ciento, con casos del 145 por ciento y el 160 por ciento.
Tras eso, proseguía Ramos, se procedió a elaborar una instrucción sobre medidas de austeridad y gasto de su departamento, y otra instrucción, fechada el 5 de febrero de 2013, con las instrucciones de contratación que debían seguir las sociedades estatales del agua.
En dicho documento hay un apartado específico sobre cómo han de proceder los directores técnicos de las obras para emitir las certificaciones responsables, es decir, los documentos que avalan la actuación de los contratistas y que justifican la licitud de los sobrecostes incurridos, precisamente el objeto de la investigación en curso.
Por ello, según Ramos, "desde el segundo trimestre del año 2012 hasta la actualidad no se ha tramitado ninguna obra complementaria y en la Dirección General del Agua sólo se han aprobado 22 modificados. El importe adicional que han supuesto estos modificados es de 2,29 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,33 por ciento de los precios de adjudicación".
Ramos concluía diciendo que "es evidente que estamos haciendo un importantísimo esfuerzo en este campo concreto enderezando una forma de trabajar que no compartimos y que hemos heredado".
