Unos 200.000 consumos de agua urbana -unas 600.000 personas, en una extrapolación simple- obtienen algún tipo de bonificación en su tarifa del agua, de acuerdo con un informe elaborado por la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) y la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA), con la colaboración de la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes).
Los datos, recopilados entre empresas públicas y privadas que dan servicio a 15 millones de españoles, indican que el 95 por ciento de la población tiene acceso a algún mecanismo de descuento o protección social a la hora de afrontar el pago del recibo.
Así, el 63 por ciento de los consumidores dispone de descuentos en la estructura tarifaria, un 13 por ciento tiene un sistema nuevo, los fondos de solidaridad, y el restante 24 por ciento opta a ambos.
Estos mecanismos emplean criterios para aplicar las bonificaciones como la vivienda numerosa -mayoritario, con el 51,9 por ciento-, el nivel de renta -10,3 por ciento- y otros -17,9 por ciento- como estar jubilado, parado, ser ahorrador, etc. En un 8,2 por ciento de las ocasiones se aplican varios de ellos.
Las asociaciones recomiendan que predominen los criterios de renta a la hora de aplicar un mecanismo de protección social y reclaman una uniformización en el plano nacional de los criterios de los servicios de agua y saneamiento, muy atomizados y regidos por cada uno de los 8.119 municipios.
Para ayudar en la tarea, las entidades quieren elaborar una Guía de Buenas Prácticas en colaboración con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Agricultura.
