El Gobierno canario cerró el pasado 31 de diciembre un cupo especial para la energía eólica en las islas de 450 MW que no ha conseguido llenarse: han faltado 28 MW. Los 45 parques inscritos cobrarán más que el resto de plantas eólicas del territorio nacional: 86 euros por MWh frente a 72 euros por MWh. Con ello se cierra un proceso que arrancó hace más de una década, pero que embarrancó en los tribunales, en la insuficiencia de las redes eléctricas y en la burocracia.
Según los cálculos del cabildo insular, los parques requerirán una inversión de 510 millones de euros y permitirán reducir el coste de generación en la islas -cuatro y cinco veces más alto que en el del resto de España- en 2.089 millones.
La relación de los proyectos incluidos en el cupo aún no es pública, pero Gas Natural Fenosa ha anunciado que es la empresa con más parques inscritos: una docena, repartidos por Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife, que suman 70 MW; le exigirán una inversión de 91,2 millones de euros.
Una década de despropósito
Para seguir el rastro del caso hay que remontarse a 2004. Ese año el Gobierno canario elaboró un concurso que acabó en los tribunales tras un escándalo de corrupción y todo el proceso se anuló. Tres años después lanzó un segundo concurso, que no se resolvió hasta finales de 2008, demasiado tarde para que los ganadores se apuntaran en un registro del Gobierno central que daba derecho a percibir las célebres primas y los parques adjudicados no se construyeron.
Llegó la reforma eléctrica, Industria reconoció la singularidad de la situación y en agosto de 2014 publicó una Orden Ministerial que daba a los adjudicatarios hasta el pasado 31 de diciembre para entregar la documentación y hasta el 31 de diciembre de 2016 para construir los parques. Ahora bien, como la infraestructura eléctrica canaria es insuficiente, sólo 15 MW cumplían los requisitos y ninguno había participado en la subasta.
En diciembre de 2014 se alargó el plazo de construcción hasta el 31 de diciembre de 2018, pero poco después el Gobierno autonómico decidió anular el concurso y otorgar las licencias según se reforzasen las redes y subestaciones. El Gobierno central impugnó este procedimiento y ambas administraciones no desbloquearon la situación hasta el pasado mes de noviembre.
Hoy, como comenta Rafael Martell, presidente de la patronal eólica canaria, el único obstáculo a la vista es el ritmo de refuerzo de las redes y REE se ha comprometido por escrito con cada promotor para facilitarle la financiación.
Sin declaración ambiental
A pesar de las muy favorables condiciones del cupo, puesto que al mayor precio otorgado hay que añadir un excelente régimen de viento y, por consiguiente, más producción eléctrica y más rentabilidad, sólo se han quedado 28 MW sin cubrir porque el Gobierno canario eximió el 28 de diciembre -tres días antes de la fecha límite- a 16 parques, con 140 MW en total, de cumplir con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental para que pudieran inscribirse a tiempo.
