Un bono verde es un producto financiero emitido con la finalidad de captar fondos para desarrollar actividades ambientalmente sostenibles. Ahora bien, un 40 por ciento de todos los bonos verdes lanzados al mercado hasta la fecha, con un valor de 36.000 millones de euros, no cuenta con ningún tipo de supervisión externa que garantice que se dedican realmente a eso, es decir, son las propias entidades emisoras las que aseguran que no se engaña a los bonistas.
Los bonos verdes están de moda. Alumbrados hace ocho años, han crecido vertiginosamente hasta atraer un capital muy próximo a los 91.400 millones de euros (100.000 millones de dólares al cambio actual). Este año, hasta el pasado 27 de noviembre, según los cálculos de Bank of America Merrill Lynch, habían captado 38.500 millones, un 11,3 por ciento más que el año anterior. Según las expectativas de la entidad financiera, crecerán en los próximos años a un ritmo del 10 al 30 por ciento anual, y serán una de las herramientas clave para financiar la lucha contra el calentamiento global.
Los principales emisores de los bonos verdes han sido entidades supranacionales o ligadas a los Estados, como el Banco Europeo de Inversiones -13.000 millones-, el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo -7.700 millones- o el alemán KFW -6.700 millones.
Sin embargo, las empresas han tomado buena nota de la evolución y en 2014 y 2015 sus emisiones han superado a las de las entidades públicas. Las francesas Engie, con 3.100 millones, y EDF, con 2.900 millones lideran la clasificación. Este 2015, las primeras empresas han sido ING, con 1.200 millones, seguida de TerraForm -filial de SunEdison-, con 1.150 millones.
Carencias del mercado
La juventud hace que el mercado de los bonos verdes tenga notables carencias de transparencia y de seguridad, algo contra lo que claman los bonistas. Por ejemplo, ni siquiera hay una definición admitida de lo que debe ser un bono verde. Y tampoco hay una normativa vinculante que garantice a los inversores que su capital se destina a lo prometido: la sostenibilidad real de las actividades en que se invierten los capitales captados depende del emisor.
Esta anómala situación ha derivado en que un 40 por ciento de los bonos emitidos no reciban ningún tipo de supervisión externa por parte de una segunda o una tercera entidad.
El otro 60 por ciento del mercado, que sí cuenta con validación externa, está liderado por el Centro para la Investigación Internacional sobre Clima y Medio Ambiente de la Universidad de Oslo (Cicero, por sus siglas en inglés), con un 33 por ciento de cuota, y por Vigeo, una entidad especializada en comprobar el cumplimiento de los criterios de inversión sociales, ambientales y de buen gobierno (ESG, también por sus siglas en inglés), con el 18 por ciento. A más distancia están las empresas Oekom y DNV, de Alemania y Noruega, respectivamente, con un 4 por ciento cada una. No obstante, a rebufo del auge experimentado, otras agentes están tomando posiciones en el mercado de supervisión, como KPMG en Holanda, CH2MHILL de EEUU o Trucost del Reino Unido.
Validación y certificación
Estas entidades, por otro lado, analizan los procedimientos que emplean los emisores para demostrar la sostenibilidad de las actividades financiadas con los bonos verdes y no los proyectos verdes propiamente dichos, o sea, aplican sus propias normas y basan sus conclusiones en la documentación que les facilitan los emisores directamente. Cicero y DNV cotejan la información recibida con los Principios de los Bonos Verdes (ver información adjunta) para llegar a sus conclusiones; Vigeo analiza el modo en que el emisor comprueba que cumple lo prometido y luego decide si lo está siguiendo.
The Climate Bonds Initiative, una ONG especializada en la materia, va más allá: está trabajando en un sistema de estandarización y certificación de los bonos verdes en el que participan empresas como Bureau Veritas o DNV.
En cualquier caso, los bonistas reclaman insistentemente que haya más comprobaciones externas y auditorías sobre la aplicación ecológica de los dineros.
Tampoco hay una definición clara y aceptada de 'bono verde'
Buena muestra de la inmadurez del mercado de los bonos verdes es que ni siquiera hay una definición clara y universalmente admitida de lo que deben ser. Sin embargo, hay varias iniciativas en marcha para conseguir su estandarización.
Una de las más importantes, denominada Principios de los Bonos Verdes, la lanzó en enero de 2014 la Asociación Internacional de los Mercados de Capitales, y, como recuerdan desde Spainsif, en ella participan las tres principales entidades financieras españolas: Banco Santander, BBVA y CaixaBank.
Según estos principios, los fondos han de invertirse en energías renovables, eficiencia energética -incluyendo los edificios-, la gestión sostenible de residuos, los usos sostenibles del suelo -contando con la agricultura y la silvicultura-, la conservación de la biodiversidad, el transporte limpio, la gestión sostenible del agua y, desde el pasado mes de marzo, la adaptación al cambio climático.
Otra opción relevante la impulsa la citada The Climate Bonds Initiative. Ha elaborado una clasificación congruente con los principios del Panel Intergubernamental del Cambio Climático de la ONU.
Además, hay bonos verdes basados en índices bursátiles, desarrollados por los propios emisores o por agencias de calificación, como ocurre con los casos de Barclays/MSCI o Standard & Poor?s/Dow Jones. Cada uno tiene sus propios criterios; por ejemplo, Barclays/MSCI excluye la inversión en grandes centrales hidroeléctricas, aunque son habitualmente consideradas verdes porque son una tecnología energética renovable.
Sea como fuere, hasta la fecha los bonos verdes han servido para financiar proyectos relacionados mayoritariamente con la energía (38 por ciento), la edificación y la industria (28 por ciento), el transporte (10 por ciento), el agua (10 por ciento), los residuos (6 por ciento) y la adaptación al cambio climático (4 por ciento).
Iberdrola, Abengoa y el ICO han emitido 2.250 millones
En España, los bonos verdes -como toda la inversión socialmente responsable- no son comunes; según el listado elaborado por Bank of America Merryl Lynch, el país ocupa la decimosexta posición, entre Italia y Austria. Únicamente tres entidades los han emitido hasta la fecha: Iberdrola, con 750 millones en abril de 2014, Abengoa, con 500 millones en octubre de ese mismo año, y el ICO, el pasado mes de enero, con 1.000 millones.
En los tres casos las emisiones cuentan con un verificador externo: Vigeo supervisa las de Iberdrola y Abengoa, y Bureu Veritas las del ICO.
En cuanto a la finalidad de los fondos, Iberdrola los destina a proyectos energéticos que cumplan los criterios de Vigeo, Abengoa a los establecidos entre Vigeo y ella misma -renovables, redes eléctricas, eficiencia energética, redes de agua, bioenergía y valorización energética de residuos- y el ICO emplea criterios más amplios: además de ser proyectos sostenibles, deben ejecutarlos pymes que creen empleo en las regiones españolas con una renta per cápita inferior a la media nacional.
El apetito por las emisiones fue muy alto: la demanda superó cuatro veces la oferta de Iberdrola y dos veces la del ICO. El caso de Abengoa fue distinto, porque ya nació avisando de que tenían un elevado riesgo de impago.
