El pasado día 10 era el último hábil para recurrir ante el Tribunal Supremo el Real Decreto 900/2015, que regula el autoconsumo de electricidad.
Las asociaciones sectoriales Anpier, APPA, Unef, Solartys y Asgeco, los activistas de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, la ONG Greenpeace y el sindicato Comisiones Obreras, entre otras entidades, presentaron ese día sus recursos, apurando el plazo para que se acercase lo máximo posible a las Elecciones Generales.
Días antes, las comunidades autónomas de Aragón, Valencia y Cataluña habían anunciado que también reclamarían: las dos primeras con un recurso también ante el Supremo y la tercera con un requerimiento de incompetencia, puesto que considera que invade su capacidad normativa. Con anterioridad se habían pronunciado en contra de la normativa las cámaras del País Vasco y Murcia, pero sin llegar a apelar a la Justicia.
A grandes rasgos, los demandantes consideran que el decreto establece barreras económicas injustificadas, discrimina a las renovables, atenta contra el principio constitucional de libertad de empresa y contraviene varias directivas europeas, como las de fomento de las renovables y la eficiencia energética y la del mercado interior de la electricidad.
El decreto impone a los autoconsumidores un peaje a la producción de la propia energía con el que, de acuerdo con el Gobierno, ellos también contribuyen a soportar los costes del sistema eléctrico.
