El Consejo de Ministros aprobó el viernes, tal y como adelantó elEconomista, el Plan Estatal Marco de Residuos 2016-2022 (Pemar), el documento que debe regir la política del Estado en la materia. Con ello, el Gobierno cumple una de las condiciones establecidas por Bruselas para tener acceso a los europeos Fondos de Cohesión.
Una de las principales novedades del documento es que, a instancias de la Comisión Europea, las comunidades autónomas tendrán que adaptar sus propios planes de residuos a la Planificación estatal y deberán cumplir los objetivos europeos en su territorio.
Las autonomías tienen transferidas todas las competencias de residuos -el Ministerio de Agricultura sólo tiene las funciones de planificar y coordinar- y las herramientas que aplican y los resultados que obtienen son muy desiguales; en la práctica sólo en Cataluña y en el País Vasco hay una situación próxima a la europea. En el resto del país es deficiente o muy deficiente; de hecho, Bruselas tiene abiertos dos procesos sancionadores a España por incumplir la normativa relativa a los vertederos.
Una de las claves del problema es que en España no se dedican recursos suficientes: el coste de la gestión de los residuos municipales es un tercio de lo que pagan los socios comunitarios con mejores sistemas: aquí oscila entre los 30 y los 40 euros por tonelada, mientras que allí varía de 90 a 120 euros.
Además, las herramientas económicas no están armonizadas, lo que rompe la unidad del mercado: los residuos se trasladan a los territorios que aplican tasas inferiores al tratamiento de las basuras o a su depósito en el vertedero. El Pemar plantea modificar esta situación, pero ello exige la implicación del Ministerio de Hacienda.
En España se vierte el 47 por ciento de los residuos biodegradables y el año que viene ese porcentaje debería limitarse al 35 por ciento, algo imposible de cumplir.