Empresas y finanzas

España trata menos de la mitad de residuos peligrosos que la media de la Unión Europea

  • Las comunidades autónomas no actúan por falta de medios y diligencia
  • Las denuncias del Seprona tienen más posibilidades de prosperar

España trata anualmente 85 kilogramos de residuos peligrosos por habitante al año, mientras que la media de la UE se sitúa en 200 kilogramos.

Así lo denunció Aurelio Blasco Lázaro, presidente de la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (Asegre) durante la inauguración del VI Foro sobre la Gestión de los Residuos Industriales, celebrada ayer en Madrid.

La principal razón de este importante desfase, según denuncia la Asociación, está en los comportamientos ilícitos, como mezclar los residuos peligrosos con otros normales para que acaben en un vertedero o arrojarlos directamente a los colectores de aguas residuales de los polígonos industriales.

Asegre denuncia reiteradamente estos comportamientos a las comunidades autónomas, responsables de la vigilancia, el control y la sanción de las ilegalidades, con escasa respuesta, por eso, desde hace unos años, procura dar toda la difusión que puede a los casos que detecta.

Como comentaron varios de los participantes en el evento (desde Ecologistas en Acción a ex responsables de la Administración o expertos juristas internacionales), la gran mayoría de los expedientes se archivan por falta de medios y diligencia de los funcionarios. Lo más normal es que se exija al denunciante que aporte más pruebas, algo que suele estar fuera de su alcance.

La vía penal tampoco suele dar resultado, porque el Código Penal es muy abierto en lo que afecta a los delitos ambientales y otorga mucha discrecionalidad a los jueces. Aunque haya sentencias ejemplares que llaman la atención de los medios de comunicación, es raro que esto ocurra.

Únicamente cuando las denuncias provienen del Seprona, el departamento de la Guardia Civil especializado en delitos ambientales, hay grandes posibilidades de que avancen los expedientes. La razón principal es que sigue unos protocolos bien definidos y dispone de una cadena de mando blindada a las injerencias políticas.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente quiere mejorar la situación, aumentando la coordinación de las comunidades autónomas y trabajando directamente con inspectores ambientales, pero el fruto de estas iniciativas no se aprecia: la competencia desleal de los que no cumplen la legislación, más la crisis económica, le ha costado al sector de los residuos peligrosos una reducción de la actividad del 40 por ciento y una pérdida del 30 por ciento del empleo, según los datos de Asegre.

En toda la UE, un 28 por ciento de los residuos peligrosos no recibe tratamiento, según se desprende de un informe de la consultora BiPRO para la Comisión Europea que fue adelantado durante el acto y que se presentará públicamente en unas semanas. Las razones son las mismas que en España, pero a una menor escala: falta inspección, falta control y faltan medios económicos, técnicos y humanos.

Hay un proyecto europeo en elaboración, European Union Action to Fight Environmental Crime, que está dirigido por la Universidad de Catania y que analiza el problema con detalle. Se presentará en Febrero en Bruselas.

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