El pasado julio el Gobierno central y el canario llegaron a un acuerdo para desbloquear el desarrollo de 450 MW eólicos que llevaban una década paralizados.
Corría el año 2004 cuando el Gobierno insular convocó un primer concurso que acabó en los tribunales; tres años después se lanzó un segundo, que se falló después de que el Gobierno central estableciera un sistema de cupos que daba derecho a percibir las primas, del que se quedó fuera.
La nueva regulación reconoció el retraso y eximió a los 450 MW del nuevo sistema de parámetros retributivos, pero volvió a surgir un problema con los plazos de tramitación y la necesidad de reforzar las redes; sólo 15 MW eran viables.
En julio el Gobierno central publicó un decreto que alarga los plazos de tramitación y da prioridad -así como una mayor retribución- a las instalaciones del concurso. Sólo si no se alcanzan los 450 MW, se convocará una nueva subasta.
Uno de los problemas que plantea la situación en Canarias es que muchos de los tenedores de las licencias del concurso no tienen intención real de construir los parques, sino de venderlas y obtener una plusvalía.
