Cuatro años después de que Industria iniciara la tramitación de la normativa sobre el autoconsumo de electricidad, la regulación ha sido aprobada por el Consejo de Ministros. Por el camino ha cambiado mucho: si en el primer borrador se contemplaba el balance neto -el intercambio de energía en diferido con la red- en la normativa aprobada ayer sólo se admite el autoconsumo instantáneo y trufado de peajes y cargos que merman notablemente su rentabilidad y sus posibilidades de desarrollo.
A pesar de la incertidumbre existente, durante estos cuatro años se han conectado numerosas instalaciones de autoconsumo -nadie sabe cuántas- amparadas por una regulación incompleta que permitía producirse la propia energía sin abonar peaje alguno al sistema eléctrico, pero sin percibir remuneración por los excedentes inyectados en las redes eléctricas.
Las comunidades autónomas, animadas por un sector maniatado por el vacío regulatorio y bajo la amenaza de fortísimas sanciones -establecidas en 2013-, han ido aprobando normas de apoyo a esta modalidad de generación, en ocasiones al filo de la legalidad.
El Gobierno, por su parte, enfrascado en la reforma eléctrica y temeroso de que el autoconsumo povocase otra explosión incontrolada de la energía fotovoltaica, al estilo de la acontecida en 2008, hacía oídos sordos a las reclamaciones de la industria, de los ecologistas, de los consumidores, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de la Defensora del Pueblo y de los partidos políticos de la oposición, que se han conjurado para derogar cualquier normativa que consideren injusta.
Al final, la regulación aprobada garantiza que el autoconsumo no producirá un déficit notable en el sistema eléctrico, en virtud de la introducción de varios peajes: uno a la potencia del sistema, que tendrán que pagar todas las instalaciones, otro a la propia producción eléctrica, que abonarán las mayores de 10 kW en territorio peninsular, y otro a las instalaciones mayores de 100 kW, que también abonan los generadores convencionales. Los dos primeros varían en función de la potencia del sistema instalado y son muy fuertes para los consumidores conectados en media tensión. Sólo las instalaciones mayores de 100 kW percibirán algún ingreso por los excedentes vertidos a la red.
Detrás de la introducción de estos peajes está el reparto de los costes y cargos del sistema eléctrico sobre el recibo de los consumidores: el 65 por ciento se incluyen en la parte fija -correspondiente a la potencia contratada- y el 35 por ciento restante en la parte variable, en cada kWh consumido. Si los autoconsumidores no abonasen este 35 por ciento en la energía que se autogeneran, lo sufragarían los consumidores normales.
La ecología y cumplir los objetivos de renovables han pesado muy poco en la decisión del Gobierno.
¿No están en contra las eléctricas?
Las eléctricas tradicionales han visto con recelo el autoconsumo, porque amenaza su modelo de negocio; rara era su intervención sobre la materia en la que no lo descalificaran.
Sin embargo, Iberdrola, una de las empresas que más se ha significado contra la generación solar, ha decidido lanzarse a aprovechar el nuevo mercado, al igual que otras eléctricas, sobre todo en Alemania y EE UU. Iberdrola ha dado el paso a pocas semanas de la aprobación de la nueva normativa, cuando sus condiciones ya eran conocidas.
La industria solar, por su parte, sigue insistiendo en que el Gobierno, con la introducción de tantos peajes, quiere impedir el desarrollo del autoconsumo, en vez de fomentarlo.
