La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha criticado con dureza la propuesta normativa de Industria para incentivar la generación de electricidad a partir de carbón nacional.
A su entender, "además de no estar justificada en cuanto a su necesidad y proporcionalidad", se ha concebido como un híbrido entre las ayudas ambientales y los mecanismos de capacidad -garantizan la disponibilidad de las centrales- que no encaja en ninguno de los dos ámbitos y que, además, puede considerarse una ayuda de Estado, prohibida por la legislación comunitaria.
Sólo las minas a cielo abierto son rentables en España; en el caso de las galerías, únicamente el coste de trasladar el carbón desde allí hasta las centrales eléctricas puede ser la mitad de oneroso que comprar carbón importado, que ronda los 54 euros por tonelada. Sin un incentivo a la generación con carbón nacional, las nueve centrales que lo consumen habrían cerrado o se habrían adaptado para quemar mineral extranjero hace tiempo.
Además, estas centrales tienen que reducir sus emisiones de óxidos nitrosos -NOx, el mismo gas del fraude de Volkswagen- si quieren seguir operando, en virtud de la Directiva 2010/75/UE, de emisiones industriales.
Subvención de 400 euros
Conjugando esos dos elementos, Industria ha preparado una Orden Ministerial que, en el caso de que llegue a entrar en vigor, otorgará una subvención de 405 millones de euros hasta 2018 a las centrales de carbón nacional para que instalen tecnología que les permita reducir las emisiones de NOx. A cambio, deben comprar a las minas un poco más del mineral que vienen consumiendo en los últimos años.
Esos 405 millones, en números gruesos, son un tercio de las ayudas recibidas por la generación con carbón autóctono entre 2010 y 2014, con el anterior sistema.
Puntual y sin continuidad
La CNMC cree la Comisión Europea puede considerar el nuevo sistema como una ayuda de Estado, prohibidas por la legislación comunitaria; de hecho, Bruselas hizo la vista gorda con el anterior sistema bajo la promesa de que sería algo puntual y sin continuidad. Ayer mismo, José Manuel Soria, ministro de Industria, comentó este extremo y afirmó que su departamento ya está trabajando con la Comisión para conocer "la bondad o el rechazo" a la propuesta de Orden Ministerial, según recoge Europa Press.
Con independencia de que sea considerada como una ayuda de Estado, hay más cosas que no le gustan al organismo regulador. Dos son las más importantes:
El nuevo sistema, basado en un pago fijo de 90.000 euros por MW, no encaja como mecanismo de capacidad, porque éstos sirven para garantizar la cobertura de la demanda eléctrica en todo momento y no la disponibilidad de un recurso autóctono.
Y tampoco puede considerarse una ayuda ambiental, porque éstas tienen como finalidad la mejora de la protección del medio ambiente y, si las plantas de carbón no operasen, su producción, alrededor del 7 por ciento del total, sería asumida por otras unidades de generación menos contaminantes.
