La situación de Volkswagen se complica en España y cada vez parece más probable que a la compañía no le baste con rectificar el software instalado en los 683.626 vehículos trucados. Después de que la semana pasada los taxistas de Madrid anunciaran que están estudiando una demanda colectiva, ayer fue la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta) la que anunció la puesta en marcha de una plataforma de apoyo legal a sus asociados que se hayan visto afectados, para que puedan ejercitar sus derechos de forma colectiva frente a la marca alemana. La lista de motores afectados por el fraude de Volkswagen se amplía al diésel 1.2.
"Muchos trabajadores autónomos de nuestro país que han adquirido un vehículo de la marcas Volkswagen, Seat, Skoda o Audi para el ejercicio de su profesión -taxistas, comerciantes, hosteleros o transportistas, entre otros-, están viendo como una de sus herramientas de trabajo, que son sus vehículos, están afectados por el fraude", explica Sebastián Reyna, secretario general de la organización.
Según dice Reyna, si las reparaciones que ha anunciado Volkswagen que va a efectuar no se producen adecuadamente o provocasen que los vehículos redujesen de forma sustancial su potencia o prestaciones o aumentasen considerablemente el consumo de gasóleo, los autónomos podrían negarse y exigir una indemnización, al no cumplirse las características firmadas en el contrato cuando los vehículos fueron adquiridos.
La indemnización, según asegura el secretario general de Upta, podría ir desde el abono de una cantidad por los perjuicios causados, al lucro cesante por el tiempo que se pierda en las revisiones o la devolución del importe del automóvil atendiendo a un criterio de proporcionalidad con su antigüedad o su sustitución por uno nuevo.
La organización de consumidores Facua, que suma ya 18.000 afectados para iniciar también un proceso administrativo contra la compañía, con una primera denuncia ante la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) desaconsejó ayer, por otra parte, llevar al taller los automóviles afectados si no se garantiza por escrito que mantendrán sus prestaciones.
La multinacional ha anunciado que sus marcas se pondrán en contacto con los propietarios de los vehículos "para informarles de la situación y de los próximos pasos a seguir". Sin embargo, Facua criticó en una nota que el Grupo Volsk-wagen "sigue sin aclarar en qué consistirá la revisión que pretende realizar a los 11 millones de automóviles diésel afectados por su fraude en las emisiones contaminantes en todo el mundo y si ésta provocará la pérdida de potencia o el aumento del consumo de combustible".
La organización volvió a lamentar asimismo la "escandalosa pasividad" de las autoridades de protección al consumidor ante el "fraude" cometido por la compañía.
"Ni el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, que tiene las competencias en las políticas de defensa de los consumidores, ni los consejeros autonómicos con estas responsabilidades han anunciado aún actuaciones ante el caso en España", reprobó.
