Hoy es un día clave para buena parte de las compañías del sector sanitario de nuestro país. En Madrid, una proposición no de ley presentada por el Partido Socialista pedirá revertir la concesión a la compañía IDC Salud (antes Capio y ahora Quironsalud) del hospital de Villalba, ganada en concurso público en el año 2010. A la misma ahora, en Andalucía, el Partido Popular intentará acabar -también mediante una proposición no de ley- con las polémicas subastas de medicamentos puestas en marcha por la Junta y que tanto están afectando a la facturación de muchas compañías farmacéuticas. En los dos casos, el voto de Ciudadanos será crucial para decidir el sentido de ambas propuestas. A estas horas, nadie sabe aún la postura del partido de Albert Rivera en ambas decisiones. Un síntoma claro de la ambigüedad en la que se ha movido este partido -al menos en temas sanitarios- desde que ha accedido a cargos de responsabilidad en los parlamentos autonómicos.
La votación de Madrid puede ser clave para el futuro de la colaboración público-privada en la sanidad, sobre todo en la gestión de hospitales públicos. El Hospital General de Villalba, junto a otros tres centros sanitarios públicos en Madrid, funciona bajo la fórmula conocida como modelo Alzira, en el que el hospital mantiene la titularidad pública y la concesionaria corre con los gastos tanto de los servicios médicos como de todo el personal sanitario. Por este servicio, la Comunidad de Madrid paga un canon por persona atendida y año de 580 euros. Desde su apertura en octubre del año pasado, el hospital ha atendido 170.434 consultas, 5.345 altas, 59.678 urgencias y ha realizado 5.081 intervenciones. Que se conozca, no ha habido ninguna queja y la satisfacción de los 111.000 pacientes de las siete poblaciones madrileñas a las que atiende parece la tónica general. Hasta ahora, el diputado madrileño Ignacio Aguado se ha mostrado más escéptico con este modelo que sus 'superiores', Albert Rivera y Luis Garicano. Hoy sabremos, al fin, lo que opina Ciudadanos.
Por su parte, en Andalucía, la compra de medicamentos por subasta a un único operador, utilizado desde 2012 por la Junta de Andalucía para surtir a las farmacias, podría tener las horas contadas en esta región. El líder andaluz de Ciudadanos, Juan Marín, tiene la llave. Durante la campaña electoral, el grupo político mostró ya su disconformidad con este sistema de adquisición de fármacos, que ha provocado continuos desabastecimientos en las farmacias andaluzas desde su entrada en vigor y que limita las opciones terapéuticas de los andaluces. Hoy se verá si la postura del partido era sólo por estrategia electoral o por convencimiento. El sector sanitario espera impaciente que Ciudadanos se moje de verdad.
