
El negocio turístico ha sido uno de los pocos sectores que ha logrado tirar de la economía española durante los años de crisis, por eso ahora las grandes cadenas hoteleras se rebelan ante la intención de algunas regiones que quieren grabar aún más su actividad. Según Barceló, Meliá, Riu, AC Hotels y Be Live, estas medidas restarán competitividad al sector y les convierten en auténticos recaudadores, una función que "no nos corresponde".
Las dos comunidades que están analizando aplicar este tipo de tasas son la Valenciana, que podría añadirla en los nuevos presupuestos, y Baleares, que no es nueva en esto, ya que en 2002 puso en marcha la conocida como ecotasa, que estuvo vigente durante un año y medio, periodo en el que recaudó unos 80 millones de euros. En este caso, la tasa que se plantea se cobraría en el mismo hotel y gravaría la estancia, independientemente del número de noches que se pernocte.
Impuestos al cliente
Estas previsiones no han sentado nada bien entre las hoteleras, que temen que "los clientes se planteen otro destino para sus vacaciones" y por tanto se vean afectadas las cifras récord de visitantes que se han logrado durante los últimos años y que continúan este ejercicio. Sin ir más lejos, en los siete primeros meses del año han llegado a España 38 millones de turistas, un 4,7% más.
"Un impuesto que paga el cliente no es una estrategia lógica en el ámbito turístico, ya que empeora la competitividad de las islas frente a otros destinos directos competidores, que también ofrecen sol y playa", advierten desde Riu. Asimismo, Javier Blanco, director general de Be Live Hoteles, asegura que no son partidarios de que se apliquen tasas "que perjudicarán al sector".
El Grupo Barceló se muestra también en contra de "cualquier medida que contribuya a incrementar la presión fiscal tanto en general, como en lo relativo a la actividad turística en particular", pues entienden que su sector, "ya soporta cargas impositivas muy elevadas".
En este sentido, Antonio Catalán, presidente de AC Hotels, coincide en que el sector afronta ya una serie de tasas muy elevadas y asegura que la aplicación de otras nuevas "sería ahora mismo lo menos inteligente para el sector turístico" y destaca que "lo que deberían hacer los ayuntamientos es administrar lo que ya estamos pagando".
Buscan sanear sus cuentas
Sin embargo, ambas comunidades ven estas medidas como una oportunidad para sanear sus cuentas públicas, ya que tanto Baleares como la Comunidad Valenciana cerraron el año pasado con un déficit público del 2,39% del PIB regional y del 1,71%, respectivamente.
En el caso de Baleares, que prevé recaudar unos 60 millones por año, la Comunidad pretende dedicar el dinero a actuaciones relacionadas con el turismo y también a otras que mejoren el entorno. Sin embargo, desde Barceló advierten que "no está claro que una eventual tasa, que por esencia debe ser finalista, se vaya a dedicar a potenciar la ecología o la actividad turística y su sector, pues en muchas ocasiones el importe recaudado va destinado a sufragar gasto corriente".
Asimismo, Gabriel Escarrer, consejero delegado de Meliá Hotels International, rechaza de manera tajante esta medida. "Definitivamente no puedo estar a favor de una tasa cuya aplicación genera muchas dudas y cuyo carácter finalista se desconoce, pudiendo producir una pérdida de competitividad", apunta el directivo. Así, Escarrer asegura que "como principio, la posición del sector hotelero es favorable a que se invierta en este mercado, ya que se potencia la competitividad del sector, sin embargo, la vía de imponer una tasa tendría el efecto contrario". Además, respecto a la fórmula empleada, el directivo asegura que "se genera un agravio comparativo, pues se plantea cobrar esta tasa en los hoteles únicamente, y se ignora la realidad actual, en que ofertas alternativas y poco o nada regladas, como la del alquiler residencial, proliferan, superando incluso a la oferta reglada".
En la misma línea, Barceló recalca que recaudar la tasa en los hoteles es "injusto" para el negocio hotelero. "Por una lado, porque se le convierte en recaudador, sin que esa tenga que ser su función; y en segundo lugar, porque dejaría fuera de la recaudación de la tasa a toda la actividad -ilegal, alegal, sumergida o como quiera llamársele- de todos los alquileres turísticos no reglados, con lo cual se reforzaría aún más la competencia desleal".
El sector hotelero no es el único que se ha opuesto a los nuevos impuestos, también el ministro de Industria, José Manuel Soria, criticó la imposición de tasas o moratorias en el sector "Son ocurrencias. Poner límites a esta actividad es como si Alemania pusiera un impuesto especial a la fabricación de coches".