El Partido Socialista vuelve a remover la confrontación entre sanidad pública y privada en la Comunidad de Madrid. Para ello, el grupo socialista en la Asamblea madrileña ha presentado una proposición no de ley -que se votará el próximo jueves- para intentar revertir la concesión por 30 años al grupo Quirón Salud del hospital General de Villalba, que esta compañía sanitaria gestiona desde la apertura del centro, el pasado 13 de octubre, tras ganar en 2010 el concurso público convocado por la Comunidad de Madrid.
El Hospital de General de Villalba, junto a otros tres centros sanitario públicos en Madrid, funciona bajo la fórmula conocida como modelo Alzira, en el que el hospital mantiene la titularidad pública y la concesionaria corre con los gastos tanto de los servicios médicos como de todo el personal sanitario. Por este servicio, la Comunidad de Madrid paga un canon por persona atendida y año de 580 euros.
Los socialistas madrileños necesitarían al menos el apoyo de Ciudadanos para ganar la votación, aunque la proposición no de ley no es vinculante, por lo que no obligaría al Gobierno a su cumplimiento.
Quirón, dispuesta a dialogar
Las fuentes de Quirón Salud consultadas por elEconomista, aunque afirman estar tranquilos con la situación, sí reconocen que la propuesta del PSOE les ha causado sorpresa y extrañeza, sobre todo cuando ya la compañía había dejado atrás la presión sufrida desde los movimientos de la llamada marea blanca. "Obviamente la organización, funcionamiento y el modelo de gestión sanitaria es competencia de las Administraciones Públicas, cuyas decisiones hemos respetado escrupulosamente en todas las Comunidades Autónomas, con gobiernos de distinto color político, donde tenemos presencia", asegura un portavoz de la firma.
"En este caso, desde IDC (la concesionaria antes de su fusión con Quirón) se está en disposición de abrir un diálogo con todas las fuerzas políticas que lo consideren oportuno para facilitar toda la información sobre la gestión y funcionamiento del Hospital de Villalba", asegura. Eso sí, desde el grupo piden mayor seguridad jurídica. "En reiteradas ocasiones IDC ha reivindicado la necesidad de tener un marco legal estable que evite incertidumbres y riesgos tanto para las compañías como para los puestos de trabajo del sector", concluye.
