Madrid, 14 sep (EFECOM).- El 57,8 por ciento de los españoles considera que paga muchos impuestos, frente al 2,6 por ciento que opina lo contrario, según la encuesta "Opinión pública y política fiscal" elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Además, el 72,8 por ciento considera que el Estado no es justo a la hora de cobrar impuestos, frente al 19,6 por ciento que piensa que sí lo es.
Sobre el fraude fiscal, el 38,8 por ciento cree que en España existe "mucho", el 44,3 por ciento que hay "bastante" y sólo el 7,9 por ciento que existe poco.
Así, según la última encuesta del CIS, realizada entre el 3 y el 11 de julio a 2.479 personas, el 36,8 por ciento de los españoles opina que el fraude fiscal es mayor que el de hace cinco años.
En cuanto a los esfuerzos de la Administración para luchar contra dicho fraude, el 45,1 por ciento considera que hace "muchos o bastantes" frente al 40,7 por ciento que opina que son "pocos o muy pocos".
El 56 por ciento de los españoles cree que los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos en tanto que el 29,6 por ciento considera que son algo que el Estado les obliga a pagar sin saber bien a cambio de qué.
En comparación con otros países europeos, el 22,1 por ciento considera que en España se pagan más impuestos.
En cuanto a los beneficios que reciben respecto a lo que pagan al Estado, el 42,1 por ciento cree que se benefician poco, mientras que el 41 por ciento opina que se beneficia bastante.
Así, el 52,7 por ciento de los españoles considera que el Estado le ofrece menos de lo que paga y sólo el 8,6 por ciento cree que da más de lo que recibe.
Respecto al dinero que el Estado destina a financiar los servicios públicos y prestaciones, el 34,4 por ciento considera que la aportación a defensa es "demasiada", mismo porcentaje que el de quienes opinan que se destinan "lo justo" y que contrasta con el 11,9 por ciento que cree que la aportación es "muy poca".
Además, el 65,5 por ciento de los españoles opina que el Estado destina "muy pocos" recursos a vivienda, el 48,1 por ciento ve escasos de seguridad ciudadana, el 46,8 por ciento opina los mismo de la Seguridad Social y pensiones y el 41,5 por ciento de la sanidad.
El porcentaje de españoles que cree que el Estado destina el dinero "justo" a los servicios públicos y prestaciones es del 22,5 y el 57,5 por ciento.
No obstante, el 58,2 por ciento de los encuestados ve posible reducir los impuestos y mantener los servicios públicos y prestaciones sociales existentes.
Preguntados por si los españoles son "conscientes y responsables" a la hora de pagar sus impuestos, el 48,2 por ciento considera que "bastante".
Asimismo, el 43,2 por ciento cree que la gente engaña cada vez menos al hacer la declaración.
En este sentido, el 79,9 por ciento cree que engañar a Hacienda es engañar al resto de los ciudadanos, aunque el 48,7 por ciento asegura que casi todo el mundo engaña al pagar sus impuestos y que la Administración ya cuenta con ello.
En cuanto a las casillas destinadas a dar un porcentaje de los impuestos a la Iglesia católica o a servicios sociales, el 22,5 por ciento de los encuestados había seleccionado la de la Iglesia, frente al 26,8 por ciento que lo había dado a fines sociales.
Sobre los plazos de devolución, el 45,4 por ciento cree que han disminuido en relación al ejercicio anterior.
Además, el 51,3 por ciento considera que el trato al contribuyente en la Agencia Tributaria ha mejorado respecto al de hace cinco años.
Por otra parte, el 26,9 por ciento de los encuestados asegura que el Gobierno central es quien administra mejor el dinero que se recauda por impuestos, mientras que el 22,2 por ciento considera que es el Gobierno autonómico.
El 54,8 por ciento opina que el Estado debería gastar menos dinero del recaudado por impuestos para que las autonomías pudieran gastar más.
Asimismo, el 74,9 por ciento afirma que el Gobierno central debería tener algún tipo de actuación para evitar que las autonomías se endeudasen excesivamente, y el 74,3 por ciento también cree que debería llevar a cabo actuaciones para que no lo hiciesen los ayuntamientos. EFECOM
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