Que Rodrigo Rato se acogió a la amnistía fiscal no era un secreto en el Gobierno de Mariano Rajoy. En 2012, el exdirector del FMI habló con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para avisarle de que tenía alrededor de cinco millones de euros en Suiza, tanto suyos como de su familia, que quería traer a España, pidiéndole consejo al respecto. Según confirman fuentes del entorno de Rato, Montoro no puso inconveniente alguno, recordándole que ese era el objetivo de la amnistía fiscal aprobada y garantizándole la confidencialidad en el marco de la misma.
La fortuna familiar de los Rato Figaredo siempre estuvo gestionada por el hermano mayor del expresidente de Bankia, Ramón Rato. El empresario se hizo cargo de los negocios de sus padres, en parte ligados al mundo de la comunicación, hasta que falleció en enero de 2012 por un paro cardiaco. Tras la muerte del empresario y escritor, los hijos de éste -entre los que está la primogénita y más conocida por su matrimonio con Espartaco, Patricia Rato de Salazar Simpsom- pidieron a su tío Rodrigo Rato que se hiciera cargo de la gestión de la fortuna familiar. El problema es que parte de este patrimonio estaba en Suiza.
La muerte del hermano de Rato tuvo lugar tres meses antes de que se aprobara la conocida amnistía fiscal. El exvicepresidente del Gobierno se acogió al mecanismo facilitado por Montoro para poder hacer regresar esos cinco millones de euros. Una vez con el dinero en territorio nacional, Rato lo repartió a partes iguales entre su hermana María de los Ángeles, sus cuatro sobrinos por parte de su hermano -Patricia, Aurora, Leticia y Ramón-, y él mismo. Tras la distribución del dinero, el expresidente de Bankia se quedó así con una tercera parte que fue la que posteriormente registró en su declaración tributaria.
Discrepancias
La diferencia entre el dinero que afloró en 2012 y el que tributó en 2013 es lo que llamó la atención de Hacienda y puso el foco de la investigación sobre Rodrigo Rato. La Agencia Tributaria y el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) comenzaron a seguir los pasos de la fortuna familiar para conocer el origen del dinero, desembocando en lo que hoy se conoce como el caso Rato. La investigación centró sus sospechas de blanqueo en el entramado empresarial de los miembros de la familia con ramificaciones en paraísos fiscales.
Tan sólo en España, el hermano de Rodrigo Rato, Ramón, llegó a terner cargo en 42 empresas. Entre ellas destacan entidades bancarias, constructoras, negocios de bebidas, televisiones e, indudablemente, cadenas de radio. Su padre, también llamado Ramón, fue el que inició en el mundo de las telecomunicaciones con la compra de la primera emisora en Toledo a principios de los años 40 del pasado siglo. La familia consiguió hacerse hasta con 72 emisoras -fundando la Cadena Rato- a finales de los ochenta, hasta que el hermano del exministro de Economía vendió el holding a la ONCE en abril 1990 por unos 5.000 millones de pesetas (30 millones de euros).
Por su parte, Rodrigo Rato ha participado en 31 compañías, aunque parte de ellas relacionadas con sus cargos al frente de Bankia. El exministro de Empleo, según la Agencia Tributaria, tejió un entramado societario por el que pudo defraudar 5,3 millones de euros por no tributar IVA, IRPF ni el Impuesto de Sociedades. Además de supuesta comisión de delitos fiscales, Rato está acusado también por blanqueo de capitales.
Flujos hacia Alemania
La última acusación que pende sobre Rato es la de la comisión de un delito de blanqueo de capitales en el extranjero. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como el magistrado del Juzgado nº 31 de Madrid aprecian indicios a raíz del flujo de dinero entre las diferentes empresas del exvicepresidente del Gobierno.
Según la investigación, Rato pudo cobrar dos millones de euros en comisiones de dos agencias de publicidad cuando estaba al frente de Bankia. El expresidente de la entidad, siempre según el informe de la ONIF, habría sacado unos 834.000 euros a Alemania a través de la empresa Bagerpleta GmbH, propietaria del hotel que tiene en Berlín. Las comisiones presuntamente fueron facturadas por la empresa Albisa, administrada por Alberto Portuondo. La compañía traspasó parte de estas cantidades a la sociedad Kradonara SL -que administra el exvicepresidente- y esta a su par ésta trasfirió 450.000 euros a Bagerpleta.
El juez Antonio Serrano-Artal dictó prisión sin fianza para Portuondo el jueves por riesgo de fuga y destrucción de pruebas. Además le imputó por blanqueo y corrupción entre particulares. El empresario fue detenido el domingo 16 cuando se disponía a coger un avión a México. Por el momento, es el único imputado que está en prisión.
