El uso reiterado por parte del actual ministerio de Defensa, desde que en 2011 lo empezara a gestionar su actual titular Pedro Morenés, del real decreto ley para aprobar créditos extraordinarios con los que pagar los denominados Programas Especiales de Armamento (PEA) está generando un monumental embrollo político, económico e industrial.
El Tribunal Constitucional admitió la semana pasada el segundo recurso presentado por el PSOE contra la utilización de esta figura, que evita el debate transparente sobre el uso de recursos públicos. Esta demanda afecta a los créditos aprobados para realizar pagos a la industria de Defensa por 883 millones esta año. El anterior, en el que los socialistas estuvieron acompañados de UPyD y la Izquierda Plural, fue también admitido y afectada al real decreto que aprobó créditos extraordinarios por otros 877 millones.
En total, 1.760 millones abonados ya a empresas como Airbus Group, el consorcio europeo Eurofighter, Navantia, o General Dynamics que la industria teme que puedan ser declarados nulos por el Constitucional. Los PEA se pusieron en marcha entre 1997 y 2006 y son programas para dotar a las fuerzas armadas de modernos sistemas de combate y logística por 30.000 millones de euros. De ellos, restan por abonar 22.500 millones entre 2014 y 2030 según un calendario de pagos pactado entre Defensa y Hacienda en 2013. La llegada de la crisis ha dejado el presupuesto del ministerio diezmado y esos compromisos de pago lo dejan sin margen para acometer otros proyectos hasta dentro de década y media.
Doctrina judicial
Diego López Garrido, portavoz de Defensa del PSOE en el Congreso, explica que su partido "no quiere, ni lo ha dicho nunca, que no se pague, pero previa negociación con la oposición y con la industria". "Existe el temor, que se me ha manifestado por parte de la patronal Tedae, de que el Constitucional acabe declarando nulos los pagos realizados merced a esos dos reales decretos dentro de dos o tres años", abunda.
López Garrido señala además que la oposición de su grupo al uso del real decreto ley se debe a que esta figura legislativa está prevista para situaciones de urgencia y necesidad. "Y el Constitucional, en su doctrina, ya ha dicho que no puede utilizarse sobre un asunto ya previsto, como son los pagos programados de los PAE, sino sólo sobre algo imprevisto", argumenta.
López Garrido critica además que se está hurtando el debate sobre estos gastos con motivo de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado. "En los Presupuestos aparece una cifra ridícula de cuatro millones de euros y, tras aprobarse, se tramita el decreto ley, que ni siquiera pasa por el Senado, que incluye pagos de casi mil millones".
Reconoce no obstante que, tras el primer recurso admitido, el Gobierno ha decidido tramitar como proyecto de ley los pagos recogidos en el segundo real decreto. "Aún así, me pregunto por qué no escogieron la fómula del proyecto de ley desde primera hora, porque la aprobación del real decreto ya ha tenido efecto, ya se ha pagado". Esta ley se aprobará antes de final de la legislatura, confía López Garrido.
El ministerio de Defensa anunció en 2013 una reprogramación de los PEA para hacerlos más asumibles para las arcas públicas. No obstante, como denunció UPyD, sólo se han dado detalles de los cambios en 6 de los 19 PEA y el secretario de Estado, Pedro Argüelles, no concretó en el Congreso cuánto cuesta realmente cada uno y cuánto va a costar después su mantenimiento. La reprogramación supone pasar de tener que pagar 20.000 millones entre 2014 y 2025, a esos 22.500 millones entre 2014 y 2030.
López Garrido propone cambiar esta situación apostando por una Ley de Programación Plurianual como en Francia. Y renegociar de nuevo con la industria, aunque por ejemplo en el Eurofighter las penalizaciones son tan altas que hacen más caro renunciar que comprar.
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