La familia Cierco, propietaria del 75% de las acciones de Banca Privada de Andorra (BPA), iniciará en breve acciones legales para reclamar al Principado los daños y perjuicios económicos que le están causando la "expropiación indiscriminada y unilateral" de la entidad, ha informado en un comunicado este jueves.
El accionista mayoritario reacciona así después de que este miércoles se conociera que el Consejo de Administración de la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (Areb) ha creado el nuevo banco llamado Vall Banc, al cual se transferirán los activos y pasivos lícitos de BPA, según lo que establece el artículo 17 de la Ley 8/2015 de medidas urgentes para implantar mecanismos de reestructuración y resolución de entidades bancarias.
"Las últimas acciones de la Areb confirman la expropiación injustificada de los activos de la entidad bancaria, suponiendo esto cuantiosos daños para los accionistas de la sociedad. La reclamación económica que se instará no quita que pueda haber otras acciones administrativas y judiciales", ha advertido la familia Cierco.
Ha destacado que con la creación de Vall Banc se confirma la "expoliación sin justificar" de los activos de BPA por parte de la Areb que, a su juicio, se ampara en una ley cuyos artículos tienen indicios claros de inconstitucionalidad.
En este sentido, ha ahondado en que la actuación de la Areb está produciendo un daño directo a los accionistas de BPA, "que se ven desposeídos de sus bienes y derechos sin que la Areb se plantee en ningún momento la necesidad de una justa indemnización que indica el artículo 27.2 de la Constitución".
Ha criticado que la Areb cuente con el "beneplácito evidente" del Gobierno de Andorra y del Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (Inaf), por lo que interpondrá una reclamación en responsabilidad administrativa al Gobierno.
Así, la reclamación administrativa de responsabilidad patrimonial del Estado, que se presentará en los próximos días, no excluye que también se estén estudiando otras acciones por las "conductas dolosas o gravemente negligentes" que se puedan constatar de las actuaciones de los órganos de administración y alta dirección del Inaf y la Areb.
