La farmacéutica Bristol-Myers ha anunciado el despido de su consejero delegado, Peter Dolan, por su presunta implicación en el bloqueo de ventas de una versión genérica de su anticoagulante Plavix.
Los miembros del consejo de administración de la empresa han pedido también la renuncia del consejero legal de la firma, Richard Willard.
Dolan será reemplazado de manera interina por James Cornelius, director de la firma, mientras Willard cederá su cargo a Sandra Leung, también ejecutiva de la compañía.
De esta forma, el consejo de administración de la compañía aceptó la recomendación del monitor federal, Frederick Lacey, quien ocupa un asiento en el consejo desde que Bristol-Myers llegara a un acuerdo con el fiscal federal para Nueva Jersey el año pasado.
Investigada por sobreventa de medicamentos
La fiscalía investigaba un caso de sobreventa de medicamentos de la empresa que se calculaba en unos 2.500 millones de dólares, pero aceptó retirar los cargos si la empresa aceptaba ser supervisada por las autoridades, sacar a Dolan del cargo de presidente del consejo que ocupaba en ese momento y pagar una multa de 300 millones de dólares.
Si la compañía se negaba a seguir la recomendación de Lacey, se arriesgaba a ser acusada nuevamente por las autoridades por el caso de sobreventa de medicamentos, en que la compañía inducía a los mayoristas a comprar un exceso de sus productos con el fin de registrar ventas y beneficios mayores a los reales.
La decisión de Lacey se tomó en relación con el intento de Bristol-Myers de impedir que la firma canadiense Apotex vendiera su versión genérica de Plavix, un anticoagulante que es el más vendido por la compañía y por el que obtuvo ingresos de 3.800 millones de dólares el año pasado.
Bloqueo el genérico por 40 millones de dólares
Bristol-Myers habría hecho una oferta de 40 millones de dólares a Apotex para que no produjera la versión genérica de Plavix, acuerdo que llamó la atención de los investigadores del gobierno, que no ven con buenos ojos este tipo de convenios, pues se cree que afectan a los consumidores y posiblemente violan las leyes antimonopolio.
El caso es más complejo aún, puesto que Apotex logró producir grandes cantidades del fármaco genérico antes de que recibiera una orden judicial que le impide seguir fabricándolo.
Sin embargo, la orden judicial no impide que el medicamento ya producido se siga vendiendo, lo que se ha traducido en grandes pérdidas para Bristol-Myers.
