Cuando la demanda de agua es mayor que la cantidad disponible durante un margen de tiempo determinado, se produce el llamado estrés hídrico. Los países de mercados emergentes se enfrentan a mayores niveles de estrés hídrico debido a sus grandes poblaciones, su menor nivel de ingresos o las infraestructuras inadecuadas. Estos países sufren más la falta de acceso al agua potable y el saneamiento, pero la inestabilidad de la oferta de este bien de primera necesidad incide cada vez más en la estabilidad económica y el crecimiento, las finanzas públicas y los grupos sociales más vulnerables, lo que afecta también a los países del mundo desarrollado. Descárguese aquí la revista digital elEconomista Agua y medioambiente.
El uso del agua continuará aumentando con la población y el crecimiento de los ingresos, pero los recursos de agua potable no se pueden aumentar fácilmente y se prevé que el cambio climático exacerbe los desequilibrios de oferta y demanda de agua. Se hace imprescindible reformar los modelos tradi- cionales de gestión o abordar otros nuevos, una de las escasas opciones que le quedan al mercado para reducir los problemas sociales y económicos que genera el agua.
Desde esta perspectiva, el FMI acaba de publicar un informe en el que analiza el papel de los instrumentos de política económica en la gestión del agua en distintos países y propone reformar la tarificación del agua, tarea imprescindible para promover las inversiones necesarias en infraestructuras y tecnología, y proteger a los más pobres para garantizar su acceso al agua potable. Asienta estas propuestas en el hecho comprobado de que algunos países, "naturalmente con escasez de agua", como Singapur o Burkina Faso, han sido capaces de superar los desafíos hídricos gracias a políticas de ajuste.
Uno de los grandes males del mercado del agua, según el FMI, son los subsidios públicos al agua, que estima rondaron los 456.000 millones de dólares, un 0,6% del PIB mundial, en 2012. Son muchos los países que establecen un precio del agua por debajo de su coste, con lo que ncentivan el uso excesivo y limitan la inversión.
La reforma del sistema tarifario del agua mejoraría las finanzas de los servicios públicos de agua lo que permitiría aumentar la inversión en infraestructuras de agua y promover la eficiencia en su uso. Esa reforma debe variar según el país, en función del acceso a la red de agua de toda la población y su capacidad administrativa. En los países en desarrollo el objetivo debe ser ampliar el acceso al agua y al saneamiento de los colectivos pobres. Burkina Faso, por ejemplo, ha instituido una rejilla arancelaria progresiva para el agua potable en función del volumen de uso: los consumos más altos subsidian los más bajos, así como parte de las actividades de saneamiento. En Singapur no se subsidia el consumo de agua básica; a cambio, el Gobierno proporciona ayuda específica a las familias con bajos ingresos.
La fórmula para controlar la asignación
Para asegurar el gasto de mantenimiento adecuado, prioridad para todos los países, el FMI propone establecer mercados de derechos de agua como fórmula para controlar la asignación de agua a los usos de mayor valor.
La gestión racional del agua requiere de un enfoque integrado y holístico que va más allá del propio sector, por lo que las reformas de la tarificación deberían, según el FMI, complementarse con políticas que racionalicen el uso del agua en sectores como la agricultura, la energía o el comercio. Y para lograrlo propone, por ejemplo, desincentivar el bombeo excesivo de aguas subterráneas y sustituir los subsidios perversos a la energía con mejoras normativas dirigidas a la asistencia social.
Consciente del coste político y social que tendrían estas reformas en los países desarrollados -que no deben esperar a padecer escasez para emprenderlas-, el FMI propone independizar y profesionalizar la gestión, e informar de la realidad y del riesgo real de escasez a todos los ciudadanos. "Las reformas tienen muchas más probabilidades de éxito si hay una mayor conciencia social de los problemas del agua y si se confía su gestión a instituciones fuertes e independientes".
No podemos hacer que llueva más y mejor repartido, pero sí alentar medidas de buena gestión que mejoren el acceso al agua potable y fortalezcan la capacidad de resistencia a la variabilidad del suministro. Aunque el acceso universal al agua sea un derecho humano reconocido y un objetivo político destacado, el agua no debe permanecer ajena a las leyes de la oferta y la demanda, ya que la infravaloración conduce al uso excesivo y al desabastecimiento. El FMI se ofrece como asesor y colaborador para la puesta en marcha de políticas económicas que apoyen la sostenibilidad ambiental y social. "De cara al futuro, sin una mejora en la gestión del agua, ni siquiera los avances tecnológicos o una creciente inversión lograrán cerrar las brechas de la demanda de abastecimiento de agua".
