La reforma del sector eléctrico ha generado una oleada de demandas de arbitraje internacional contra España, hasta el punto que casi se superan las que ya tienen países como Argentina. Según indicaron fuentes conocedoras, han sido ya varios los fondos de litigios que han contactado con despachos de abogados para tratar de comprar los derechos de reclamación de algunos inversores en renovables contra el Gobierno.
Se trata de un tipo de fondos especializados en financiar este tipo de causas a cambio de un porcentaje del beneficio final que se logre. Por un lado, el demandante se libra de tener que hacer frente a los costes que suponen este tipo de procesos, que según indicaron fuentes jurídicas, puede alcanzar los dos millones de euros entre las minutas de abogados y los informes técnicos necesarios pero a cambio comparten una parte de la cantidad que se recupere.
Con esta vía abierta, un buen número de fondos internacionales así como pequeños inversores extranjeros pueden optar por acudir al arbitraje internacional e incluso mantenerse en los mismos.
30 fondos implicados
En estos momentos, ante el Ciadi ya hay 15 casos presentados lo que supone situarse al mismo nivel que países como Argentina en los que hay presentadas un total de 18 reclamaciones que abarcan a cerca de 30 fondos y empresas, pero fuentes consultadas por este diario indican que existen al menos otros 10 o 15 dispuestos a presentarlos.
Un ejemplo de este tipo de actuaciones lo ha protagonizado recientemente el fondo Burford Capital Limited que adquirió los derechos de demanda de la familia Eskenazi contra la expropiación de YPF a Repsol para reclamar una indemnización ante el Juzgado del Distrito Sur de Nueva York.
Longford Capital, Bentham IMF, Gerchen Keller Capital, Harbour Litigation Funding, Calunius Capital, Redres Solutions, Therium Capital Managment, Vannin Capital, Woodsford Litigation Funding o Lake Whillans son algunos de estos tipos de fondos que financian grandes pleitos. Algunos de ellos incluso tienen su propia asociación Association Of Litigation Funders.
La intención de la Abogacía del estado a lo largo de los últimos meses ha sido tratar de demorar al máximo el proceso para que su duración pueda alcanzar los cuatro o cinco años desde que comenzaron los recortes. Con este tiempo en el bolsillo, mediante cambios en la regulación que obligan a recalcular los daños, se consigue poner contra las cuerdas a los inversores más débiles que pueden acabar o bien abandonando o en una posición mucho más débil para tratar de alcanzar un acuerdo extrajudicial.
Paralizar los arbitrajes
La última operación del Gobierno ha sido solicitar que los arbitrajes se paralicen hasta que haya una decisión de la Comisión Europea sobre la adecuación del sistema de primas de los años 2007 y 2010.
La petición se ha realizado incluso en las reclamaciones presentadas en el Tribunal Supremo, pero por el momento esta institución todavía no ha adoptado una decisión definitiva sobre el asunto.
