Caracas, 10 sep (EFECOM).- El presidente venezolano, Hugo Chávez, ordenó hoy retirar la concesión de un puerto lacustre y expropiar un centro azucarero para recuperarlos del supuesto abandono en que se encuentran e instalar "verdaderas empresas de producción social".
En su dominical programa de radio y televisión "Aló, Presidente", Chávez dispuso el retiro de la concesión del Puerto de La Ceiba, en el estado occidental de Trujillo, al consorcio Sur Andina de Puerto C.A. que administra la instalación desde 1990.
El mandatario se quejó de que los administradores privados sólo se ha dedicado a "explotar y explotar" el puerto y no ha hecho "inversiones para modernizarlo".
"Así no sirve: todo cae sobre el Estado para que se enriquezca el privado. Han debido invertir, modernizar el puerto (...) se acaba la concesión del puerto de La Ceiba (...) recuperemos el manejo de inmediato, por el camino jurídico", ordenó Chávez al ministro de Infraestructura, José David Cabello.
Indicó a la Guardia Nacional (GN-policía militarizada) "apoyar de inmediato la operación" de recuperación "para modernizar" el puerto, que está ubicado al sureste del Lago de Maracaibo pero bajo jurisdicción del fronterizo estado de Trujillo.
Chávez anunció además la expropiación de la central azucarera de Motatán, en Trujillo, que en los últimos meses ha enfrentado huelgas de sus 220 trabajadores que reclaman derechos laborales a los propietarios.
"El central Motatán va a ser expropiado (...) nadie se asuste con ello, le pagamos a ellos (a la empresa propietaria) lo que cueste el central (...) y nosotros sin atropellar a nadie vamos a convertir la central en una verdadera empresa socialista", declaró.
El artículo 115 de la Constitución Bolivariana de 1999 garantiza el derecho a la propiedad y ampara las figuras de intervención y expropiación "por causa de utilidad pública o interés social mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización".
Chávez sostuvo que "apoya y está dispuesto a trabajar con el sector privado, siempre y cuando (éste) actúe en el marco de la Constitución y según las normas dictadas por el gobierno revolucionario".
El gobierno venezolano ha expropiado algunas empresas del sector agropecuario "en estado de abandono o con subproducción" para convertirlas en "empresas de producción social", es decir, administradas por los propios trabajadores.
En el marco de la lucha contra el latifundio, el gobierno también a expropiado haciendas en estado ocioso o con cadena de titulación dudosa para repartirlas entre campesinos pobres.
Las intervenciones han sido rechazadas por muchos afectados, que aseguran tanto la propiedad de las tierras como su productividad, y por los gremios empresarial y ganadero, que han calificado la medida gubernamental de "ilegal e inconstitucional". EFECOM
gf/tg/prb
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