Las mayores empresas cotizadas de España, sin incluir a las entidades financieras, tienen provisionados 5.263 millones de euros para hacer frente a litigios y arbitrajes en los que están envueltas. Este importe corresponde a las 18 compañías del Ibex 35 que detallan las dotaciones que han realizado para hacer frente a estos conflictos, según se desprende de sus informes financieros anuales correspondientes a 2014.
Otras firmas como ACS o Abertis no lo desglosan, mientras que Telefónica sólo ofrece la cifra de su actividad en Brasil, por lo que el montante total sería sensiblemente superior.
Las actividades que desarrollan, su tamaño y su profunda internacionalización, con operaciones en países de riesgo, propician que las empresas energéticas, las constructoras y la multinacional que preside César Alierta capitalicen el grueso de las provisiones por litigios. Estas dotaciones se reconocen cuando es probable que una obligación presente, fruto de sucesos pasados, darán lugar a una salida de recursos. Estas dotaciones tienen consecuencias sobre los resultados de las empresas, aunque todas las compañías señalan que los procesos que tienen abiertos no generarán un impacto significativo en sus cuentas. En algunos casos incluso prevén recuperar una parte.
Iberdrola se situó el año pasado como la firma con más provisiones para atender litigios abiertos con 1.258 millones de euros. En esta cifra se incluyen diversas reclamaciones derivadas de los cambios regulatorios en España así como algunos recursos en Brasil, Grecia, Escocia, Bolivia o Estados Unidos. la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán no incluye las dotaciones para los costes necesarios de desmantelamiento de sus centrales nucleares y térmicas y de sus parques eólicos, que ascendían a 1.437 millones.
El Canal de Panamá
La petrolera Repsol también figura entre las empresas españolas más expuestas a la sucesión de disputas por su actividad y su presencia en países de riesgo. No en vano, en 2013 la compañía que dirige Josu Jon Imaz llegó a provisionar 2.384 millones de euros para hacer frente al conflicto con Argentina por la expropiación de YPF, así como por los activos norteamericanos no incluidos en la venta de su negocio de gas natural licuado.
Hace un año la compañía y la Casa Rosada consiguieron alcanzar un acuerdo de compensación, lo que ha propiciado que la cifra se redujera al cierre de 2014 hasta los 649 millones, que contempla litigios en Estados Unidos (Rio Passaic/Bahía de Newark) y así otros de naturaleza fiscal en España, Bolivia, Ecuador, Canadá, Brasil y Trinidad y Tobago.
Mientras Repsol culminaba unas difíciles negociaciones con Argentina para llegar a un acuerdo, uno de sus principales accionistas, Sacyr, se vio envuelto en una disputa con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) por los sobrecostes del proyecto a los que el consorcio, en el que se integra la constructora española, no podía hacer frente. Finalmente las aguas se encauzaron y las obras se retomaron, aunque mantienen abiertas decenas de reclamaciones. Las empresas piden en total cerca de 2.500 millones y prevé recuperar 1.041 millones. Al grupo que preside Manuel Manrique le corresponderían unos 430 millones. La firma acumula dotaciones por litigios 376 millones.
Dentro del sector de la construcción le supera FCC, que suma 385 millones, mientras que OHL sitúa las provisiones en 301,1 millones. Su presidente Juan Miguel Villar Mir prevé recuperar estas dotaciones, motivadas principalmente por las reclamaciones en el hospital de Doha, en Catar, y a la petrolera Sonatrach por un contrato en Argelia. ACS no detalla sus provisiones por litigios, pero el año pasado, antes de la resolución del almacén de gas Castor, sumaba 1.448 millones, que incluían también los procesos por la quiebra de las autopistas radiales en España. Este es uno de los litigios que también afectan a Ferrovial, cuyos saneamientos alcanzan los 175 millones.
