Ya no será antes del verano, y casi con absoluta seguridad tampoco durante este año. El Gobierno ha decidido aparcar la privatización de Cesce, la compañía española de seguro de crédito a la exportación, hasta la próxima legislatura.
Una decisión que han confirmado responsables del Ministerio de Economía y del sector exportador y que abre serias dudas respecto a si, finalmente, se llevará a cabo la venta de la aseguradora pública, puesto que todo va a depender de la decisión del nuevo Gobierno que salga elegido tras las elecciones generales que el presidente del Gobierno anunciaba el pasado lunes para "final de este año".
Aunque el Departamento que dirige Luis de Guindos era el más proclive a privatizar, al final ha decidido no dar la batalla por cuatro razones esenciales: el retraso de Hacienda en elaborar el pliego de condiciones de la venta, la complejidad de ofertas por la compañía que ha desbordado las previsiones del Gobierno, la complejidad del escenario político con tres convocatorias electorales a la vista, y la constatación de que los ingresos derivados de la privatización no son relevantes para cumplir con los objetivos de déficit público.
A ello habría que sumar la inquietud que el proceso privatizador había despertado entre las asociaciones representativas del sector exportador y en las propias empresas con intereses en los mercados exteriores, al entender que Cesce es un instrumento esencial en el apoyo de las políticas públicas de internacionalización empresarial.
En el caso de las ofertas, que en el momento actual se sitúan en torno a las treinta, los técnicos de Economía y de Hacienda han mostrado su preocupación por la presencia entre los aspirantes de sociedades exóticas y fondos de inversión sin experiencia ni vinculación con el seguro de crédito. Una situación alarmante, teniendo en cuenta que Cesce gestiona la cuenta de riesgo del Estado.
En la lista de candidatos destacan las españolas Mutua Madrileña y Mapfre, además de AIG, Apollo, Berkly Insurance, Zürich, JC Flowers, Magnum, QBE Insurance, la china Fosun y Coface que gestiona la cuenta del Estado en Francia, lo que podría dar origen a una incompatibilidad indirecta con la gestión de la cuenta de riesgo española.
Ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española recoge que la cobertura por cuenta del Estado de los riesgos asociados a la internacionalización se realizará a través de un Agente Gestor (es decir la empresa que amplíe o entre en el capital de Cesce) aunque matiza que siempre que no se encuentre en situación de "conflicto de interés" decretada por la Secretaría de Estado de Comercio. Circunstancias que la propia ley establece que se producirá cuando "el Agente Gestor esté o pase a estar controlado directa o indirectamente por entidades que gestionen la cobertura de riesgos de la internacionalización por cuenta de otro Estado o se genere una situación de vinculación significativa con dichas entidades".
En principio, el Ministerio de Economía había restringido la privatización a sólo empresas de capital español, sin embargo el veto a las empresas de capital comunitario es incompatible con la normativa de la Unión Europea y es también difícilmente sostenible con los tratados internacionales firmados por España y por la UE por lo que respecta a las sociedades de países extracomunitarios.
Respecto a los ingresos, la Dirección General de Patrimonio del Estado estima el valor de la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación en una cifra que oscila entre 500 millones y 600 millones de euros.
Superada la valoración inicial
Esta cantidad, que es la que circula en los mercados, en los despachos de los ministerios de Economía y de Hacienda y entre las empresas y fondos de inversión de la lista de aspirantes a comprar, supera ampliamente la valoración inicial por la que el Estado esperaba ingresar unos 200 millones de euros. Sin embargo, y pese a esta revalorización, no supone una aportación importante a los ingresos del Estado de cara al cumplimiento del escenario macroeconómico y los compromisos con Bruselas.
Un aspecto importante en este punto es que la prima de control, es decir el sobreprecio derivado del control de la compañía, que es superior a la mera valoración matemática del porcentaje de participación en relación con el resto de las acciones, se la quedaría el Estado en su totalidad.
El 14% del negocio viene del Estado
La cartera de seguros por cuenta del Estado supone en torno al 14% del negocio de Cesce y la firma de convenio para continuar como gestor en exclusiva de esta cartera supone un aliciente adicional para los potenciales compradores, además de revalorizar la compañía. El Real Decreto Ley que regula la privatización garantiza que Cesce mantendrá la exclusividad de la cuenta del Estado por un plazo mínimo de ocho años.
Recordar que el Estado posee el 50,25% del capital de Cesce. El resto de los accionistas de la aseguradora pública son el grupo Santander, que posee el 21,07%, el grupo BBVA con un 16,3%, ademas de otros bancos y aseguradoras que se reparten el 12,38% restante.