Los responsables de las fundaciones en las que han acabado convertidas por ley las antiguas cajas deberán devolver sus bonus en caso de deficiente gestión. Tras la indignación social causada con el escándalo de las millonarias compensaciones recibidas por gestores de entidades receptoras de ayudas, el Banco de España fijó la cláusula para la banca, y el Gobierno la extiende ahora a las fundaciones bancarias.
En un proyecto de orden ministerial, sometido a consulta del sector, habilita, en concreto, a reclamar la retribución variable cuando el desembolso se efectuó atendiendo a unos resultados y datos "cuya inexactitud haya quedado después demostrada de forma manifiesta".
Pero es solo una de las pautas de control fijada en la orden ministerial que regula el informe anual de gobierno corporativo que estarán obligadas a publicar con carácter anual y cuyo desglose de datos busca transparentar y controlar las retribuciones y reforzar la profesionalización de sus gestores para evitar el desorden del pasado y de las indeseadas influencias políticas.
Las fundaciones bancarias deberán explicar cómo diseñan la política retributiva y detallar por conceptos los emolumentos individuales de sus responsables y miembros del patronato (sueldos fijos, variables, dietas, pensiones, pagos en especie o ingresos del banco participado, entre otros). La mayoría son requisitos espejo de los solicitados a las empresas cotizadas, pero en otros la ley va mucho más allá. Las fundaciones serán las primeras, por ejemplo, obligadas a difundir los gastos reembolsables a sus gestores por viajes, manutención y protocolarios. Si el gasto excede los mil euros deberán además indicar fecha y el concepto, en garantía de un control que el escándalo de las tarjetas B de Caja Madrid ha mostrado que fue inexistente.
Gastos de representación
En el informe deberán constar también las condiciones contractuales del personal y justificar la estructura de los órganos de gobierno y cómo funcionan, la capacitación de los miembros para el desempeño de su tarea y la experiencia de sus representantes en el consejo de administración de los bancos filiales.
El documento tendrá también que explicar la política de inversión en los bancos filiales y en otras empresas, y desvelar qué estrategia de dividendos quieren de las participadas. Asismismo, recogerá toda operación entre la fundación, sus directivos y patronos, el banco filial o los grupos políticos y sociales representados en sus órganos de gobierno, con detalle del importe, su precio y si la fundación pierde o gana dinero con ella. El informe se publicará antes de mayo, si bien para el primero, referente a 2014, tienen hasta el 31 de julio de plazo.
