A falta de la tasación de Gesvalt, la consultora contratada por la Sepi para la privatización de Cesce, la Dirección General de Patrimonio del Estado estima el valor de la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación en una cifra entre 500 millones y 600 millones de euros. Es la que circula en los mercados, en los despachos de los ministerios de Economía y de Hacienda y entre las empresas y fondos de inversión aspirantes a la adjudicación de la aseguradora.
Un aspecto importante es que la prima de control, es decir el sobreprecio derivado del control de la compañía, que es superior a la mera valoración matemática del porcentaje de participación en relación con el resto de las acciones, se la quedará el Estado en su totalidad.
En la actualidad la lista de aspirantes a la propiedad de Cesce supera ya la treintena de compañías y entre las nuevas incorporaciones destacan las de las aseguradoras españolas AXA y Santa Lucía, que se unen a la también española Axesor, la primera agencia de rating nacional, que ostenta además la secretaría general de la European Association of Credit Rating Agencies (Eacra).
Aspirantes
Entre los aspirantes ya conocidos destacan las españolas Mutua Madrileña y Mapfre, ademas de AIG, Apollo, Berkely Insurance, Zürich, JC Flowers, Magnum, QBE Insurance, la china Fosun y la francesa Coface, aunque esta última podría ser eliminada de la puja al gestionar la cuenta del Estado en Francia, lo que sería incompatible con la gestión de la cuenta española.
Similar es el caso de Solunión, la empresa nacida de la unión de Mapfre con Euler Hermes, que gestiona la cuenta de Alemania, lo que podría dar origen a una incompatibilidad indirecta.
Aunque la idea del Gobierno era tener cerrado el proceso de privatización en junio, la adjudicación podría retrasarse al estar pendiente de la elaboración del pliego de condiciones para la venta de la propiedad, que corresponde al Ministerio de Hacienda, que en estos momentos tiene aparcada la cuestión.
En principio, el Ejecutivo había restringido la privatización a sólo empresas de capital español; sin embargo el veto a las empresas de capital comunitario es incompatible con la normativa europea y es también difícilmente sostenible con los tratados internacionales firmados por España y por la UE por lo que respecta a las sociedades de países extracomunitarios.
