SANTANDER, 7 (EUROPA PRESS)
El secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros, aseguró hoy que España solicitará a la UE que el nuevo marco regulatorio europeo del sector imponga la desaparición "de una vez por todas" de toda participación pública en los operadores nacionales, con el fin de que la independencia de los reguladores respecto a los eventuales intereses de los gobiernos sea incuestionable.
"Nos parece fundamental si queremos tener un ámbito de actuación a nivel europeo que se pueda armonizar adecuadamente que las reglas de juego en todos los países sean similares y que haya cada vez mayor independencia entre operadores y reguladores. Lo mejor es una separación completa entre compañías y agentes de regulación, lo que significa una salida del capital público de los operadores europeos", aseveró.
Ros adelantó esa petición, que en España afecta a France Telecom (con un 32,5% del capital en posesión de la Administración francesa), Xfera (controlada por Telia Sonera, firma participada en un 59% por los estados sueco y finlandés) y Deutsche Telekom (con una participación estatal del 37%), en el marco del XX Encuentro de Telecomunicaciones de la Universidad Menéndez Pelayo, organizado por la Fundación Telefónica y AETIC. La ronda de reuniones para armonizar la regulación del sector a escala europea arranca mañana.
BAJADA DE PRECIOS E INVERSIONES.
Respecto a si las bajadas de tarifas impulsadas por los reguladores pueden afectar al futuro del sector, Ros indicó que "hay margen para reducciones de precios, pero no de manera indiscriminada, cargándose los mercados". Al ser preguntado sobre si la rebaja de las tarifas de interconexión móvil anunciada recientemente por la CMT podría ser excesiva, Ros afirmó estar "seguro" de que el organismo que preside Reinaldo Rodríguez "cuando hace propuestas tiene en cuenta estos conceptos".
Ros aseguró querer "marcar la atención" sobre que la imposición de unas reducciones "excesiva y no adecuadamente reflexionadas" en las tarifas implicará una bajada en la capacidad de innovación e inversión de las compañías. "Nos parece un riesgo importante a medio plazo que las operadoras de nuestro territorio puedan tener problemas en actualizar sus plataformas, extender redes e innovar en servicios como consecuencia de una ausencia de recursos", añadió.
Por otro lado, Ros apostó por una decisión coordinada a nivel europeo sobre la posible apertura a competidores de las nuevas redes de los operadores incumbentes. "Es muy importante hacer ese debate en el entorno europeo. No tendría sentido adoptar normativas diferentes, porque en España daríamos ventajas o desventajas a las empresas españolas en relación con otros países", añadió.
NUEVA LEY.
Por otro lado, Ros anunció que mañana se presentará a consulta pública la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información. La nueva norma establecerá un mecanismo más efectivo para el control de los contenidos a nivel internacional, revisará las reglas de comprobación de validez de la firma electrónica y obligará a los proveedores a informar sobre medios técnicos para la protección contra virus .
Asimismo, fijará el uso obligatorio de la factura electrónica en la contratación con la Administración, creando oficinas de carácter gratuito para las empresas que no dispongan de medios electrónicos. La nueva ley también obligará a las empresas de sectores con especial incidencia en la actividad económica a facilitar un medio de interlocución telemática a sus usuarios y, por otro lado, tipificará como 'infracción administrativa' el incumplimiento por parte de los operadores de los derechos de los usuarios en el ámbito de las telecomunicaciones.
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